(Ana Delicado Palacios) El oficialismo en Argentina está ocultando información y no informa sobre el registro de participantes inscritos, que ya son más de 18.000, en las audiencias públicas convocadas para analizar la reforma de la Ley de Glaciares que impulsa el Gobierno, advirtió en diálogo con la Agencia Sputnik la diputada nacional Sabrina Selva.
«Nosotros lo que estamos advirtiendo es que no están siendo transparentes en el proceso», advirtió la legisladora del bloque opositor Unión por la Patria (peronismo) e integrante de las comisiones que convocan las audiencias.
El gobernante La Libertad Avanza (ultraderecha) mantiene oculto el registro de participantes que se anotaron para participar en las audiencias públicas sobre la legislación que flexibiliza la Ley de Glaciares y que abre la puerta a que se activen proyectos de explotación minera en la zona cordillerana.
«El registro de participantes debería ser público, así que presentamos una nota con otros diputados que integramos el plenario de comisiones exigiendo que publiquen el registro, pero no lo hicieron», objetó Selva, miembro de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales que convocaron las audiencias.
Hace dos días, los diputados constataron «que ya había 18.000 inscritos», de acuerdo a la diputada, para integrar estas audiencias que son de carácter obligatorio por mandato de la Constitución nacional, la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú, que estipula obligaciones en materia de participación ciudadana en temas ambientales.
Cada participante contaría con cinco minutos para disertar ante el plenario de comisiones sobre la reforma que promueve el oficialismo, que recibió media sanción en el Senado el 26 de febrero por 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención, lo que extendería las audiencias durante más de seis meses.
«De un día para otro, las personas que trabajaban en la comisión nos advirtieron ayer que cualquier solicitud de información debíamos canalizarla a los despachos de quienes presiden esas comisiones, y obviamente dejaron de aportar información», cuestionó la diputada.
Los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales, José Peluc, y de Asuntos Constitucionales, Nicolaś Mayoraz, pertenecen ambos al partido gobernante que lidera el presidente, Javier Milei.
A diferencia de lo que ocurrió con los primeros inscritos en las audiencias, a los nuevos «ya no les llega una notificación automática de que están debidamente anotados para participar, sino que han incorporado una diferenciación semántica» por la que ya no les garantizan su asistencia, advirtió Selva.
«Yo advierto que esto es porque un hay un artículo en el reglamento que dice que podrán reducir las exposiciones y reemplazarlas vía escrita en el caso de que así se considere», planteó la referente del principal bloque opositor, identificado con el peronismo.
Esta situación presenta «una alarma, ya que ellos (el oficialismo) podrían arbitrariamente cercenar la voz, que los inscritos no hagan participaciones orales sino que las cambien a ponencias escritas», abundó Selva.
«Todos estos puntos confirman lo que advertimos en un principio: que lo que pretenden con esta audiencia pública es blindarse jurídicamente, porque las debieran haber hecho antes de que comience el tratamiento en el Senado, y no lo hicieron», sostuvo.
A juicio de esta legisladora, el oficialismo «estaría en camino de simular una audiencia pública y no a cumplirla, porque esconder la información, y no hacer público el registro de participantes no cumple con los requisitos que contempla el acuerdo de Escazú», completó.
ALCANCE DE LA REFORMA
La reforma al Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, cuya sanción definitiva depende de la Cámara de Diputados, empodera a las provincias para definir qué cuerpos de agua pueden ser resguardados y cuáles no.
La iniciativa del oficialismo, que de prosperar degradaría la Ley de Glaciares, delega en las jurisdicciones que tienen glaciares en sus territorios la posibilidad de priorizar las actividades productivas en estas áreas de donde nacen buena parte de los ríos del país.
El proyecto también debilitaría el inventario contemplado en la Ley de Glaciares, al asumir que deben ser incluidas solo masas de hielo que «cumplan con las funciones de reserva estratégica de recursos hídricos y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas».
Diversos expertos y organizaciones ambientales consideran ilegal e inconstitucional la medida, por habilitar la desprotección de áreas y vulnerar la Constitución, que en su artículo 41 estipula presupuestos mínimos de cuidado a nivel nacional que no pueden ser reducidos por las provincias.
La medida también ha generado controversias y movilizaciones de protesta en provincias como Mendoza (centro-oeste), ubicada al pie de la cordillera de los Andes.
El proyecto de modificación de la Ley de Glaciares ha sido denunciado ante el Parlamento europeo por cinco instituciones ambientales, al advertir que la iniciativa podría ser incompatible con los compromisos asumidos en el acuerdo comercial suscrito entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, convenio ratificado a nivel parlamentario el jueves primero por Uruguay y luego por Argentina, dos de los países que integran el bloque regional junto con Bolivia, Brasil y Paraguay.
El Gobierno argentino, en tanto, defendió esta reforma, bajo la consideración de que la Ley de Glaciares genera «inseguridad jurídica y parálisis de inversiones», según señaló en diciembre el subsecretario de Ambiente, Fernando Brom.
Doce de las 24 jurisdicciones de Argentina tienen glaciares en su territorio.
En el país existen 16.968 cuerpos de hielo cuya superficie se extiende por 8.484 kilómetros cuadrados, lo que equivale a 41 veces la ciudad de Buenos Aires, según el Inventario Nacional de Glaciares estipulado por la ley que relevó en 2018 el Instituto Argentino de Nivología y Glaciología.
El partido gobernante, La Libertad Avanza (ultraderecha), mejoró su posición parlamentaria desde el 10 de diciembre, luego de que las elecciones legislativas del 26 de octubre consolidaran al oficialismo como primera minoría en Diputados y la segunda fuerza en el Senado. (Sputnik)
