El Gobierno promulgó este lunes el nuevo régimen penal juvenil, sancionado por el Congreso a fines de febrero, que baja la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años.
«Promúlgase la Ley Nº 27.801 (Régimen Penal Juvenil) sancionada por el Honorable Congreso de la Nación en su sesión del día 27 de febrero de 2026», consigna el decreto 138/2026.
La norma fue impulsada por el presidente, Javier Milei, y por la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien en diciembre de 2025 pasó a ser jefa de la bancada oficialista en el Senado, por La Libertad Avanza (ultraderecha).
El proyecto original fue presentado a mediados de 2024 por el exministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien también participó de su elaboración.
El Gobierno explicó en su momento que «la situación de los menores en conflicto con la ley penal es uno de los graves problemas que hoy atraviesa la sociedad argentina» y que por ello hay que adecuar el marco jurídico.
Además de modificar la edad de imputabilidad, la reforma establece sanciones alternativas para delitos menores, como amonestaciones, servicios comunitarios, prohibición de conducción o reparaciones a las víctimas.
Sin embargo, la iniciativa recibió duras críticas por parte de organizaciones de la sociedad civil.
Entidades como Unicef, la Sociedad Argentina de Pediatría, junto con asociaciones de psicólogos, psiquiatras, magistrados y defensores de derechos de la niñez, además de la Iglesia Católica, rechazaron la reforma, cuyo borrador original establecía en 13 años la edad de imputabilidad y ampliaba a 20 la pena máxima de prisión.
Entre otros argumentos, los críticos señalan que la incidencia de los menores de edad en los índices de criminalidad no ameritan un cambio normativo con acento en el castigo penal.
Recordaron, por ejemplo, que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el número de adolescentes que cometen delitos no supera, en promedio, el 2,5 por ciento de las causas penales que tienen autor conocido.
Las organizaciones también advirtieron que la ley ahora promulgada no sirve para combatir la inseguridad, utiliza a los adolescentes como chivos expiatorios, desvía el foco del problema y se constituye como una herramienta incompatible con derechos reconocidos en la Constitución y en pactos internacionales.
A pesar de ello, y en virtud de la mayoría que el oficialismo ostenta en el Congreso, el nuevo régimen se aprobó en el Senado por 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención (el proyecto había logrado 149 apoyos a favor y 100 en contra en Diputados).
Las discusiones sobre un nuevo régimen penal aplicable a adolescentes dista de ser nueva en Argentina, ya que en los últimos 20 años el Congreso argentino tramitó unos 150 proyectos que tuvieron estado parlamentario y que buscaban bajar la edad mínima de castigo penal de los 16 a los 14, 13 o 12 años.
En 2024 ingresaron 1.788 menores a la justicia de menores por diversas causas penales, la mayoría de las cuales tramitó delitos contra la propiedad, de acuerdo al último informe estadístico de la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Corte Suprema. (Sputnik)
