Organismos y referentes argentinos de derechos humanos cuestionaron las restricciones impuestas a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) en el marco de la prisión domiciliaria que cumple por una condena por corrupción a seis años de cárcel que, además, la inhabilita a ejercer cargos públicos.
«Venimos a pronunciarnos hoy (por este martes) en contra de esas restricciones», señaló uno de los referentes de Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (Hijos), Charly Pisoni, durante una conferencia de prensa celebrada en un anexo de la Cámara de Diputados.
La exmandataria, en prisión domiciliaria desde abril de 2025, «solo puede recibir visitas dos días a la semana, dos horas en cada uno de esos días, cuatro horas semanales en total y no más de tres personas por cada día», objetaron los intervinientes, entre quienes se encontraba el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, presidente del movimiento ecuménico Servicio Paz y Justicia (Serpaj).
El Tribunal Oral Federal (TOF) nº 2 que condenó a la exjefa de Estado en diciembre de 2022 también exige una autorización judicial por adelantado que debe explicitar el día y la hora de cada visita por cada persona que acuda a visitarla en su casa del barrio de Constitución, en la capital argentina.
«No hay ningún preso ni presa en Argentina que tenga restricciones en su prisión domiciliaria», cuestionaron los comparecientes.
El tribunal de primera instancia que condenó a Fernández en el marco de una causa que investigaba las obras públicas concedidas bajo su gestión en la provincia de Santa Cruz , también dispuso el monitoreo electrónico de la también ex vicepresidenta (2019-2023) a través de una tobillera, y limitó el acceso a la terraza a dos horas diarias en horario diurno.
Tras aclarar que todos estaban de acuerdo en que la expresidenta estaba «injustamente presa» y era inocente, los participantes sostuvieron que las restricciones impuestas por el TOF 2, ratificadas en febrero de este año por el máximo tribunal penal del país, la Cámara Federal de Casación, «violan el principio de la igualdad ante la ley y el de no discriminación».
«Hay genocidas condenados por torturas, apropiación de menores, violaciones y asesinatos que cumplen prisión domiciliaria en sus casas y no tienen ningún tipo de restricción», objetaron respecto de los represores condenados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura (1976-1983).
A modo de ejemplo, las organizaciones presentaron el caso de Adolfo Luis Agusti Scacchi, que se fugó cuando se inició la investigación en su contra, que fue condenado a prisión perpetua y en la actualidad goza de prisión domiciliaria, sin que se le impida recibir las visitas que desee, así como salir de su domicilio para caminar o para realizar visitas puntuales a su familia.
Otro caso es el de Jorge Antonio Olivera, que intentó fugarse dos veces y acumula tres condenas a perpetua por secuestros, torturas, violaciones y asesinatos, beneficiado en la actualidad con la prisión domiciliaria, que además recibió autorización para celebrar sus 50 años de casado en una fiesta a la que asistieron 60 personas.
«Si todos los genocidas que vimos no tienen ningún tipo de restricción y cometieron los delitos más graves que puede cometer un ser humano, menos las puede tener Cristina», remarcó el referente de HIJOS.
Las condiciones de detención de la exmandataria son parte de «una acción represiva psicológica», aseguró durante su intervención el Pérez Esquivel, que reclamó unir voluntades para lograr su liberación.
El TOF 2 restringió las condiciones de detención que tenía la exjefa de Estado tras una reunión que mantuvo Fernández el 17 de noviembre de 2025 en su domicilio con nueve personas de forma simultánea.
El tribunal ya había dispuesto que toda visita que no integrara el núcleo familiar directo de la dirigente peronista -médicos indispensables o abogados- debía contar con autorización judicial previa, individual y fundada.
La defensa de la expresidenta calificó esas medidas como «excesivas, ilegales e inconstitucionales» y sostuvo que la prisión domiciliaria solo puede restringir la libertad ambulatoria, no otros derechos.
Participaron en la conferencia de prensa en defensa de la exmandataria Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), y Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, entre otras organizaciones.
La pena que pesa sobre la también ex vicepresidenta (2019-2023), condenada por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en la causa conocida como «vialidad», fue confirmada por la Corte Suprema el 10 de junio.
Fernández afronta otro juicio oral por la supuesta existencia de una red de sobornos durante su gestión como mandataria en el marco de una causa conocida como la «de los cuadernos». (Sputnik)
