El Gobierno argentino promulgó una ley que declara la emergencia en discapacidad pero postergó su implementación hasta que el Congreso informe de dónde obtendrá los recursos para que se pueda financiar la normativa.
«Por imperio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley n° 24.629, se encuentra suspendida en su ejecución hasta tanto el Honorable Congreso de la Nación determine las fuentes de su financiamiento», señala el decreto 681 publicado este lunes en el Boletín Oficial.
Con la prioridad del superávit fiscal como uno de los ejes de su gestión, el Gobierno dejó en suspenso esta ley que fue reafirmada por el Congreso, a raíz de un veto del presidente que el Senado rechazó de manera definitiva el 4 de septiembre.
Pese a la insistencia del parlamento en la vigencia de esta ley, el Ejecutivo aseguró que «el presupuesto actual de la administración nacional no cuenta con créditos suficientes para afrontar su aplicación» en el decreto publicado hace unas horas.
La normativa sancionada por la Cámara Alta el 10 de julio que logró imponerse sobre el veto presidencial declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, en un país que no actualiza su presupuesto desde 2023, cuando asumió la actual gestión, pese a la inflación acumulada desde entonces del 226 por ciento.
Durante la tramitación de esta ley, el Ejecutivo se vio salpicado por un presunto escándalo de corrupción a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que revelaron unos audios atribuidos al entonces director del organismo, Diego Spagnuolo, quien además involucró a la hermana del presidente y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei
La ley que el presidente intentó tumbar sin éxito contempla la regularización de pagos y actualización de aranceles de los prestadores de servicios y el fortalecimiento de la Andis, en atención a un colectivo que organizó movilizaciones en las últimas semanas para denunciar su situación.
La normativa, que recibió media sanción por parte de la Cámara de Diputados el 4 de junio, también prevé el financiamiento sostenible de las pensiones no contributivas por discapacidad, la apertura de nuevos ingresos al Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad y la creación de canales institucionales de diálogo con las asociaciones vinculadas a discapacidad.
Al estimar el impacto de esta ley con una vigencia que originalmente se planteó hasta diciembre de 2027, la Oficina de Presupuesto del Congreso calculó que tendría un costo fiscal de entre el 0,2 por ciento y el 0,4 por ciento del producto interior bruto (PIB), y que el número de beneficiarios por nuevas altas oscilaría entre las 493.000 y 946.000 personas. (Sputnik)
