El Gobierno oficializó este miércoles, a través del Decreto 647/2025, el veto total al proyecto de ley N° 27.795, sancionado por el Congreso el 21 de agosto. La norma, denominada Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, había sido presentada como un intento de garantizar la sostenibilidad de las universidades públicas en materia de salarios, becas, infraestructura y programas de investigación.
Según adelantó parlamentario.com, el veto ya fue comunicado a ambas cámaras del Congreso. Respecto de la Ley de Emergencia en Pediatría, el eventual veto sería anunciado en el transcurso de este jueves, cuando vence el tiempo de diez días para decidir. Respecto a la Ley de ATN, el gobierno tiene todo este jueves y viernes, ya que fue informada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el 29 de agosto.
Si bien se esperaba que el veto fuera publicado en los primeros minutos de este jueves, salió publicado en una edición suplementaria del Boletín Oficial. El texto vetado obligaba al Ejecutivo a actualizar las partidas presupuestarias de manera bimestral según la inflación, recomponer los salarios docentes y no docentes desde diciembre de 2023, transformar en remunerativas y bonificables todas las sumas adicionales, y reforzar los programas de becas estratégicas y de bienestar estudiantil.
Según los cálculos oficiales, la aplicación de la ley hubiera implicado un gasto adicional de más de $1,06 billones en 2025 y de más de $2 billones en 2026, montos que, de acuerdo al decreto, no contaban con fuentes de financiamiento “concretas, específicas, actuales y suficientes”.
En los considerandos, la Casa Rosada advirtió que aprobar la norma significaría “incrementar de manera desproporcionada el gasto público sin recursos genuinos”, lo que llevaría a financiarlo mediante emisión monetaria, con el consiguiente impacto inflacionario. “La economía tiene reglas claras y la primera de ellas es que no se puede gastar más de lo que ingresa”, señala el texto firmado por Javier Milei y sus ministros.
El Gobierno defendió la decisión como un ejercicio de la facultad constitucional prevista en el artículo 83, y recordó que la herramienta del veto ha sido utilizada por diferentes administraciones en los últimos 40 años. A su vez, adelantó que será en el Presupuesto 2026, a presentar el 15 de septiembre, donde se discutirá de manera integral el financiamiento del sistema universitario.
Con la devolución del proyecto al Parlamento, el Congreso tiene ahora la posibilidad de insistir con la sanción por mayoría especial, lo que abre un nuevo frente de disputa política. El tratamiento de esta ley había logrado reunir a la oposición dialoguista con sectores del kirchnerismo, en una señal de unidad frente al ajuste universitario.
La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada por el Senado el jueves 21 de agosto de 2025, con 58 votos afirmativos, 10 negativos y 3 abstenciones. Esta ley había sido impulsada por rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y apoyada por buena parte de la oposición legislativa. Su objetivo principal es elevar el presupuesto universitario al 1% del PBI; establecer una actualización bimestral del presupuesto según la inflación; garantizar la recomposición salarial para docentes y no docentes.
Incorporar al básico del convenio colectivo todas las sumas no remunerativas y no bonificables; crear carreras estratégicas y fortalecer actividades de extensión, ciencia y técnica. Asimismo somete a las universidades a control externo por parte de la Auditoría General de la Nación.
El veto presidencial no solo profundiza la tensión con el sistema de educación superior, que viene reclamando aumentos de partidas y mejoras salariales desde comienzos de año, sino que también coloca al Gobierno en un conflicto directo con las fuerzas opositoras que ya han dado señales de que podrían intentar revertir la decisión.
En un contexto en el que las universidades nacionales se preparan para un nuevo plan de lucha, la decisión de Milei confirma la prioridad absoluta del equilibrio fiscal sobre cualquier expansión del gasto, aun cuando se trate de un área altamente sensible y con fuerte impacto social. (Parlamentario.com)
