El presidente Javier Milei anunció que el Estado apelará el fallo de una jueza estadounidense que ordenó este lunes al país sudamericano transferir el 51 por ciento de las acciones de la petrolera estatal YPF a los fondos de inversión Burford y Eton Capital, en el marco de la demanda por la expropiación de la compañía en 2012.
«Sepan todos los argentinos que vamos a apelar este fallo en todas las instancias que corresponda para defender los intereses nacionales», sostuvo el mandatario en las redes sociales.
El presidente arremetió con descalificaciones contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires (este), Axel Kicillof, que al momento de la expropiación de YPF, en abril de 2012, ejercía como ministro de Economía en el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).
«Independientemente de la cuestión de fondo, haber llegado a esta situación del país es responsabilidad directa del inútil soviético de Axel Kicillof», refirió el líder de La Libertad Avanza (ultraderecha).
En su diatriba, el jefe de Estado planteó que a Kicillof «no le alcanzó con arruinar la economía argentina» y que por eso «ahora se está encargando de destruir la provincia de Buenos Aires».
«Pasaron más de 10 años y los argentinos seguimos sufriendo las consecuencias del peor gobierno de la historia argentina», añadió en su mensaje, que terminó con un nuevo insulto contra el actual gobernador, al calificarlo de «pelotudo».
El presidente argentino reaccionó así al fallo de jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, que dispuso este lunes que Argentina transfiera «sus acciones Clase D de YPF a una cuenta de custodia global en BNYM (Bank of New York Mellon Corporation) en Nueva York dentro de los 14 días posteriores a la fecha de la orden».
La magistrada determinó que esa entidad bancaria de Nueva York «inicie una transferencia de los intereses de propiedad de Argentina en sus acciones Clase D de YPF a los demandantes o sus designados dentro de un día hábil a partir de la fecha en que las acciones sean depositadas en la cuenta».
Se le denomina «fondo buitre» a aquellos fondos de capital de riesgo que invierten en deuda pública de una entidad que se considera cerca de la quiebra.
Es el caso de los fondos Burford y Eton Capital, que compraron los derechos de litigio de esta causa que se dirime desde hace una década en los tribunales estadounidenses, a raíz de la expropiación de la compañía.
«Los Gobiernos extranjeros no pueden simplemente anular las excepciones a la FSIA (Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras) invocando su propia ley para proteger sus activos de la ejecución en Estados Unidos», señaló Preska en la argumentación de su fallo.
La jueza de Nueva York tramitó un juicio contra Argentina por la reestatización en 2012 de YPF que concluyó en septiembre de 2023 con un fallo que obligaba al país sudamericano a pagar 16.100 millones de dólares, bajo la consideración de que no había hecho la oferta pública de adquisición (OPA) a los accionistas minoritarios, según indicaba el estatuto de la empresa.
Burford Capital, principal beneficiario del fallo, había pedido en abril de 2024 el dominio de las acciones de la empresa estatal, pero en noviembre de ese año el Departamento de Justicia de EEUU se pronunció en contra de esa posibilidad, por considerar que era contrario a la ley estadounidense y que tendría » repercusiones adversas para la política exterior del Gobierno».
Argentina tendría que haber depositado en enero de 2024 una garantía para evitar el comienzo de los embargos durante la apelación de este caso, que empezó en octubre de 2023, según el economista Sebastián Maril.
Al no haberlo realizado, la ley estadounidense le daba el derecho a los demandantes de embargar activos de Argentina.
Al expropiar la compañía en abril de 2012, el Ejecutivo de Cristina Fernández de Kirchner expropió el 51 por ciento de las acciones de YPF, controladas por la petrolera española Repsol, y pagó por ello 5.000 millones de dólares.
En abril de 2015, comenzaron el litigio las empresas españolas Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, creadas por una familia argentina, Eskenazi, a través de las cuales habían controlado 25 por ciento de las acciones de YPF en 2008, cuando su socio mayoritario era Repsol.
Tras la quiebra de la familia Eskenazi, Burford Capital ingresó en el proceso de liquidación de las compañías en España para conseguir los derechos de demanda e impulsar el juicio en la Corte de Nueva York, bajo la presunción de que el Estado tendría que haber lanzado una oferta pública de adquisición por el 49 por ciento de las acciones restantes.
Las acciones de la petrolera estatal, entre tanto, caían durante la jornada 5,4 por ciento. (Sputnik)
