«Disuélvese unidad de tareas de investigación», señala el decreto 332 publicado este martes en el Boletín Oficial.
El órgano, cuya constitución anunció el mandatario dos días después de la promoción del criptoactivo, el 14 de febrero, requirió información al respecto y después envió la documentación al Ministerio Público Fiscal.
La UTI estaba compuesta por representantes de los organismos con competencias vinculadas a los criptoactivos, actividades financieras, lavado de activos y otras áreas relacionadas, según informó por entonces la Oficina del Presidente.
Ese órgano iba a lanzar «una pesquisa urgente sobre el lanzamiento de la criptomoneda $Libra y todas las empresas o personas implicadas en dicha operación», sostuvo la Oficina del mandatario.
Según el decreto, «la tarea encomendada fue cumplimentada, por (lo) que corresponde disolver la unidad».
Milei y su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, se ausentaron el jueves 15 de mayo de una audiencia de mediación a la que fueron citados para dar explicaciones por la criptomoneda, en la antesala de lo que podría convertirse en una demanda civil de 25 damnificados por la promoción del activo digital.
En la noche del 14 de febrero, el mandatario se vio en la obligación de retractarse de la promoción que había realizado horas antes de un token cripto sin garantías de valor real, $Libra, que tenía la mayoría de su circulante concentrado en pocas billeteras, con un dominio que se había creado mismo ese mismo día, tras el cierre de los mercados.
El mandatario tuvo que reconocer su error tras recibir numerosos cuestionamientos, pues se constató que $Libra era una criptomoneda sin apoyo en la economía real y que se basaba en un mecanismo especulativo de alto riesgo.
El jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, fue el único funcionario del Gobierno, de los cuatro requeridos por la Cámara de Diputados, en presentarse el 29 de abril ante el plenario para responder por el escándalo que desató la promoción presidencial del activo digital.
Varias investigaciones judiciales analizan las responsabilidades derivadas de la criptomoneda también en EEUU, país en el que se presentó una demanda colectiva con más de 200 damnificados. (Sputnik)
