El juez federal Alejo Ramos Padilla suspendió mediante una medida cautelar un decreto del presidente, Javier Milei, que transformaba a la mayor entidad bancaria del país, el estatal Banco Nación, en una sociedad anónima.
«Hacer lugar a la medida cautelar solicitada y suspender los efectos del DNU 116/25, previa caución juratoria que deberán prestar los accionantes», señala la resolución del federal Alejo Ramos Padilla a la que tuvo acceso la Agencia Sputnik.
El magistrado, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 1 de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, aceptó la medida cautelar presentada por la Asociación Bancaria, el gremio que representa a los empleados bancarios, y señaló que la situación jurídica de la entidad «solo puede llevarse adelante mediante una ley formal dictada por el Congreso».
«Al disponer la transformación de BNA en una sociedad anónima, el decreto 116 contradice flagrantemente la voluntad del Congreso, y supone una extramilimitación de las facultades delegadas», consignó el juez en su resolución de 43 páginas.
El juez Ramos Padilla cuestionó al Poder Ejecutivo por asumir «el riesgo de desproteger un activo de suma importancia para las arcas del Estado, que ha tenido un rol fundamental para mitigar crisis económicas y financiar el desarrollo agrícola, industrial y comercial del país (…), así como dejar de prestar funciones esenciales en materia de administración de fondos de jubilaciones y pensiones».
El magistrado dictó el 25 de febrero una medida cautelar interina con la que exhortó al Gobierno para que se abstuviera de cualquier acción que condujera a cambiar el estatus jurídico de la entidad bancaria.
La Asociación Bancaria acogió «con suma satisfacción» el nuevo fallo del magistrado, que da una vigencia de seis meses a la medida cautelar dictada.
La medida judicial se adoptó en el marco de una causa judicial que comenzó el 11 de junio, y en la cual se requería que se declarase «la nulidad e inconstitucionalidad de la Resolución Privativa del Directorio del BNA nº 348, así como de todo acto que tenga por objeto avanzar con la privatización» del banco público.
La principal iniciativa del Gobierno para desregular la economía, La Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, sancionada en junio, contemplaba en su borrador original la privatización del Banco Nación, pero en las negociaciones en el Congreso se retiró esta empresa finalmente, al igual que Aerolíneas Argentinas y la petrolera estatal YPF.
En el fallo judicial al que tuvo acceso la Agencia Sputnik, Ramos Padilla señaló que el entonces Procurador del Tesoro «dio cuenta expresamente de la imposibilidad de llevar adelante una privatización», porque ésta había sido excluida de la Ley de Bases, normativa que ahora se utiliza como fundamento para el dictado de este nuevo decreto», lo que justifica la concesión de la medida cautelar.
El banco, integrado por 17.403 empleados que trabajan en el país y otros 182 ubicados en el exterior, cuenta con 721 sucursales en Argentina y cuatro en el extranjero, en Nueva York, Madrid, Montevideo y Santa Cruz de la Sierra, además de tener representaciones en otras ciudades de Estados Unidos, Brasil, Paraguay y China. (Sputnik)
