La jueza del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, quien entiende en la causa iniciada por la nacionalización de la energética argentina Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) en 2012, intimó a este Estado sudamericano a informar el paradero de las reservas de oro del Banco Central, que podrían servir como bien embargable.
La magistrada entiende en un fallo emitido este martes que «se ha gastado más tiempo y dinero argumentando en contra de la producción de estos documentos que lo que se habría necesitado para producirlos», en relación a las dilaciones que habría tenido Argentina para emitir el citado informe.
Preska hace lugar al pedido realizado por el fondo Burford Capital, que pretende determinar qué bienes son embargables, tras el fallo que determinó que el Estado argentino debe indemnizarles por un total de 16.100 millones de dólares, emitido en septiembre de 2023.
La defensa argentina había argumentado que ese oro no pertenece al Estado, sino que es «ámbito exclusivo de Banco Central (BCRA)», que es un ente autárquico de la Nación.
«La República no posee información sobre ningún movimiento de las reservas de oro», redobló el Gobierno argentino, acerca de los lingotes que, según reconoció el propio BCRA, se enviaron a Londres en agosto pasado.
Además de YPF, la presión de Burford Capital -considerado un «fondo buitre» en Argentina- recae también sobre el BCRA y el Banco Nación, en su afán por entregar a la jueza un listado de activos que podrían considerarse embargables, en caso de que Buenos Aires no pague, para que tome una decisión final.
Se le denomina «fondo buitre» a aquellos fondos de capital de riesgo que invierten en deuda pública de una entidad que se considera cerca de la quiebra.
A principios de octubre, otro fondo buitre que litiga contra Argentina, Bainbridge, solicitó a Preska que exija a Buenos Aires información sobre el oro del BCRA que el actual Gobierno envió a Europa.
El Gobierno de Javier Milei, con su ministro de Economía, Luis Caputo, se encuentra en negociaciones con bancos privados y con el Banco Internacional de Pagos de Basilea, así como con el Banco de Londres, para obtener una serie de préstamos REPO (acuerdo de deuda de corto plazo), utilizando bonos y oro como garantía.
Se estima que el BCRA tiene 4.800 millones de dólares en reservas en oro repartidas entre el Banco de Basilea y el de Londres.
El Ejecutivo de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) expropió en abril de 2012 el 51 por ciento de las acciones de YPF, controladas por la petrolera española Repsol, y pagó por ello 5.000 millones de dólares.
En abril de 2015 comenzaron el litigio las empresas españolas Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, creadas por una familia argentina, Eskenazi, a través de las cuales habían controlado 25 por ciento de las acciones de YPF en 2008, cuando su socio mayoritario era Repsol.
Tras la quiebra de la familia Eskenazi, Burford Capital ingresó en el proceso de liquidación de las compañías en España para conseguir los derechos de demanda e impulsar el juicio en la Corte de Nueva York, bajo la presunción de que el Estado tendría que haber lanzado una oferta pública de adquisición por el 49 por ciento de las acciones restantes, de acuerdo al estatuto de YPF. (Sputnik)
