La próxima semana comenzará el proceso de licitación de corredores viales clave para el comercio del Mercosur, como parte de la estrategia del Gobierno para reducir el gasto público y mantener el equilibrio fiscal.
Entre las rutas prioritarias están la 12 y la 14, que atraviesan Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, actualmente concesionadas a Caminos del Río Uruguay (CRUSA). Este contrato vence el 9 de abril, y la empresa exige al Estado Nacional el pago de 300 millones de dólares por presuntos incumplimientos. A cambio de desistir del juicio, CRUSA ha propuesto una extensión del contrato, junto con un aumento de peajes en Zárate de hasta un 140%.
Sin embargo, el Gobierno asegura tener otras ofertas, incluyendo un consorcio de constructoras que planea invertir cerca de 600 millones de dólares.
Además, se proyecta licitar más de 8.000 kilómetros de rutas nacionales, incluyendo la 33 en Santa Fe, la 18 en Entre Ríos y la 19 en Córdoba. Las constructoras deberán encargarse de tareas como reparación de baches, banquinas, señalización e iluminación antes de implementar nuevas tarifas.
El Estado, con una deuda de 16.000 millones de pesos en el sector vial hasta septiembre, prevé ahorrar más de 5.000 millones de dólares mediante privatizaciones por 20 años.
La privatización se enfoca en rutas con potencial para peajes rentables, especialmente en accesos a Buenos Aires, Córdoba y la ruta 3, representando solo 1.000 de los 40.000 kilómetros de rutas nacionales.