Los fiscales Marcelo Cretton y Adrián Cabral brindaron hoy al mediodía una conferencia de prensa, en la que ratificaron y justificaron su decisión de sobreseer a los funcionarios municipales que estaban siendo investigados por eventuales irregularidades durante la emergencia climática del 2017.
Cretton fue el primero en hacer uso de la palabra y fue para respaldar la determinación de Cabral y para tomar distancia de los cuestionamientos efectuados por el vicegobernador Gustavo Menna y la diputada nacional Ana Clara Romero.
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“Se hizo, como corresponde, un análisis minucioso del material probatorio y el fiscal consideró que no había prueba suficiente que pudiera sostenerse en el juicio oral y público. Por eso, como una cuestión previa, se solicitó el sobreseimiento para los supervisores municipales y los entonces ex secretarios”, apuntó.
“No voy a polemizar pero es importante dejar en claro la tarea que se cumplió. La causa ahora está en manos del Tribunal, que es quien debe decidir sobre la competencia del caso”, agregó.
Cabral fue más contundente y aseguró que, luego del análisis del caso, “me faltaban pruebas para sostener la acusación en el juicio. La objetividad es la que rige mi actuación. Tengo 17 años en Fiscalía y 99% de eficacia en las acusaciones que llevé adelante”, recordó para dejar en claro que no es inexperto.
“El juicio oral y público es una instancia fundamental en el proceso judicial, donde se presentan y analizan todas las pruebas, testimonios y documentos relevantes al caso. En este caso, al considerar que las pruebas no son lo suficientemente sólidas para sostener la acusación, se solicitó el sobreseimiento de los imputados”, resaltó.
En lenguaje judicial, ambos Fiscales cuestionaron la intromisión política, en este caso del gobierno provincial, y también recordaron, sin mencionarlo, que el ahora ministro de Justicia, Héctor Iturrioz, era quien llevaba adelante esa causa, que dejó en manos de Cabral para asumir como funcionario provincial.
“Es importante destacar que el sobreseimiento no implica que los hechos investigados no hayan ocurrido, sino que las pruebas reunidas no son suficientes para llevar adelante un juicio oral y público con garantías para todas las partes”, completó Cabral.
