La CGT, ante el posible cobro de una suma millonaria a las organizaciones gremiales y sociales, que se movilizaron el 27 de diciembre, manifestó «su profunda preocupación, en lo que entendemos es una nueva provocación del Poder Ejecutivo».
«Este es un nuevo intento del gobierno de Javier Milei de acallar toda manifestación y protesta de los trabajadores y trabajadoras organizados en expresión de sus legítimos reclamos, ante la reforma laboral más regresiva en toda la historia democrática de nuestro país», agregaron.
«Esta afrenta ilegítima y contraria a la Constitución Nacional, que expone la vocación gubernamental de desconocer la libertad sindical, el derecho de huelga y de protesta ante todo intento de manifestar el rechazo y el descontento, no condicionará al movimiento obrero organizado», sostuvieron.
La Confederación General del Trabajo «no representa los intereses de «una casta», sino los intereses de trabajadores y trabajadores de nuestro país que, en una sociedad democrática y conforme a la Constitución Nacional, tienen el derecho a gozar de la protección de las normas, a la organización sindical, a negociar convenios colectivos y a ejercer el derecho de manifestación y de huelga», concluyeron.
