El caso de Noelia Castillo Ramos, una joven española de 25 años, conmocionó a la sociedad tras concretarse su eutanasia luego de un extenso proceso judicial que se extendió por más de dos años.
La solicitud había sido presentada en abril de 2024 y, en primera instancia, contó con el aval unánime de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, organismo encargado de analizar este tipo de pedidos. La autorización inicial establecía que el procedimiento se llevaría a cabo en julio de ese mismo año.
Sin embargo, el proceso se vio interrumpido cuando su padre, Gerónimo Castillo, presentó un recurso judicial para frenar la práctica. Argumentó que la joven padecía problemas de salud mental y que no se encontraba en condiciones de tomar una decisión libre y consciente. El planteo fue acompañado por el colectivo Abogados Cristianos.
A partir de allí, el caso escaló en la Justicia con al menos cinco instancias judiciales, todas con fallos favorables a la voluntad de la joven. Finalmente, la intervención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos puso fin a la disputa legal, habilitando la realización de la eutanasia.
El procedimiento, según trascendió, se concretó en las últimas horas y tuvo una duración de entre 15 y 30 minutos.
El caso se convirtió en un antecedente relevante en España, ya que es uno de los primeros en judicializarse tras la aprobación de la ley de eutanasia en 2021. Dicha normativa posicionó al país como el primero de tradición católica en legalizar tanto la eutanasia —cuando es administrada por un profesional de la salud— como el suicidio asistido.
La legislación establece que pueden acceder a este derecho personas que padezcan una enfermedad grave e incurable o un sufrimiento crónico que resulte intolerable, siempre bajo estrictos controles médicos y legales.
