A través de un operativo coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional y llevado adelante por el Departamento Federal de Investigaciones de la PFA, se desarticuló en la provincia de Buenos Aires una peligrosa organización criminal integrada por ciudadanos venezolanos y colombianos.
La investigación comenzó tras denuncias sobre engañosas ofertas de empleo y hospedaje difundidas por redes sociales. Una vez reclutadas, las víctimas eran sometidas a condiciones de hacinamiento y explotación laboral, obligadas a vender muebles y artículos para el hogar en la vía pública bajo condiciones abusivas.
El mecanismo del “Gota a Gota”
Los damnificados quedaban endeudados con sus tratantes en concepto de traslado y alojamiento, lo que derivaba en el retiro de documentos de identidad y en la obligación de vender productos arrastrando pesados carros metálicos por el conurbano bonaerense.
En paralelo, la banda ofrecía préstamos rápidos para la compra de estos bienes con intereses que llegaban al 600% anual. Ante la imposibilidad de pago, los deudores eran extorsionados y despojados de viviendas, automóviles y pertenencias, aplicando la modalidad conocida como “Gota a Gota”, una práctica frecuente en el crimen organizado de Centroamérica.
Los allanamientos y las detenciones
Con intervención de la Fiscalía Federal de Quilmes y el Juzgado Federal de 1° Instancia de Quilmes, se realizaron cuatro allanamientos en domicilios de Ingeniero Budge, Bosques y Guernica. Allí fueron detenidos los integrantes de la estructura delictiva: cinco hombres venezolanos incluido el líder, un colombiano, tres mujeres venezolanas y dos colombianas.
En los procedimientos se incautaron más de 13 millones de pesos en billeteras virtuales, 980 mil pesos en efectivo, vehículos, motocicletas, 254 muebles, celulares, una máquina de contar billetes, carros de acarreo y documentación clave para la causa.
Los detenidos fueron identificados a través del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), detectándose que varios se encontraban en situación migratoria irregular. Todos quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley 26.842 de Trata de Personas.






