(Ramiro Barreiro) A partir de un informe de prensa, en las últimas semanas se conoció que el Gobierno argentino prepara un decreto de necesidad y urgencia para modificar la ley 26.639, la norma que protege los más de 16.000 glaciares alojados en su territorio de la Cordillera de los Andes, la cadena montañosa más importante de Sudamérica, con miras a la explotación minera.
Consultadas por esta agencia, fuentes de los Ministerios de Economía y de Turismo, Ambiente y Deportes aseguraron no tener información sobre posibles cambios en la normativa sancionada en 2010. No obstante, el planteo ya figuraba en la primera versión de la llamada Ley Bases, finalmente retirado del proyecto durante su tratamiento en el Congreso.
La norma confirmada como constitucional por la Corte Suprema de Justicia en 2019 -tras una demanda de la empresa minera Barrick Gold, que opera en la zona- ordena realizar estudios y monitoreos para evaluar el impacto de las actividades en los glaciares y el ambiente periglacial y realizar un relevamiento de las masas de hielo que acumulan el 70 por ciento del agua potable de Argentina.
La noticia despertó el repudio de unas 40 organizaciones ambientales, que denuncian el otorgamiento de un privilegio a los intereses de las corporaciones mineras e hidrocarburíferas, como las casi 70 que ya operan en el país, principalmente, en las provincias de San Juan y Catamarca (oeste) y que extraen litio, cobre, oro, uranio, plata, potasa y fluorita.
Barrick Gold y Yamana Gold, de Canadá; Glencore, de Suiza y Reino Unido; Newmont Goldcorp de EEUU; Hochschild Mining del Reino Unido; y Arcadium Lithium, una fusión de la estadounidense Livent y la australiana Allkem, son algunas de ellas, pero el Gobierno pretende aumentar las explotaciones, en un contexto de atracción de inversiones extranjeras que ayude a incrementar las reservas, hoy dedicadas a contener el valor del dólar y no a financiar proyectos productivos nacionales.
La intención del Gobierno argentino «achica notablemente el área protegida, habilita la minería sobre lugares que actualmente no está permitida y expresamente habilita sobre glaciares que están protegidos ahora y sobre, fundamentalmente, el ambiente periglaciar que rodea a esos glaciares», resume a la Agencia Sputnik el presidente de la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas, Enrique Viale.
En otras palabras, «cientos de kilómetros cuadrados de esta fuente de agua estarían a merced de la minería con este cambio, y una vez que rompes un glaciar no hay marcha atrás, no hay posibilidad de recomponer, no hay forma de volver atrás».
Viale añade que estas masas de hielo, al estar alojadas en la cordillera y precordillera, «son los que alimentan decenas de ríos que van dando vida y trabajo».
RETROCESO
De los más de 16.000 glaciares que existen en Argentina, el más conocido –por la cantidad de visitantes que recibe anualmente- es el Perito Moreno, ubicado en la provincia de Santa Cruz (suroeste), y que en los últimos siete años ha perdido una superficie equivalente a 320 canchas de fútbol.
«Los glaciares ya están siendo afectados por el cambio climático global, entonces lo peor que podés hacer es (tomar) medidas de menor protección. Lo que hacen acá es acentuar ese proceso que ya se está dando por el cambio climático global», denuncia Viale, quien trabaja en una respuesta legal contra el Gobierno junto a otras organizaciones, en caso de que se confirme el decreto.
También señala que Argentina va en contra de lo que todos los países del mundo están haciendo para proteger los glaciares al máximo y que no ocurra lo que ya está pasando, por ejemplo, en Chile, del otro lado de la cordillera.
«Chile, lamentablemente, es un país que está en una crisis hídrica provocada por el cambio climático global, pero también por la minería descontrolada. Hay ciudades enteras que se quedan sin agua. Pero, aún así, sin ley de glaciares, la Corte Suprema de Chile prohibió Pacualama, un emprendimiento binacional, que está prohibido del lado chileno y no del lado argentino», afirma el abogado.
Las organizaciones que se oponen a la modificación de la Ley de Glaciares denuncian que el decreto de Milei está hecho a la medida de Barrick Gold, que tuvo al menos siete derrames de cianuro en sus operaciones en Argentina, y de las otras empresas que operan en la cordillera y que presionan para seguir expandiendo su frontera productiva.
«Hay una intención de avanzar sobre estos lugares pese a que la ley de glaciares solo protege menos del uno por ciento del territorio argentino. Eso es lo voraz, lo que denunciamos de la voracidad de estas mineras, que no quieren ningún tipo de límite, ni siquiera en las fábricas de agua. Entonces, eso es lo que tenemos que parar un poco, ¿no? Esto es un límite totalmente razonable. No se está prohibiendo la minería en el país. Lo que está diciendo es, en estos lugares, no», establece.
Marcelo Arancibia es un dirigente político del espacio GEN que vive en San Juan, distrito al que bautizó como «provincia friendly minera» por albergar la mayoría de emprendimientos en su parte cordillerana.
Si bien reconoce que la intención de Milei ha caído bien al consenso megaminero, reconoce que existen algunas voces disidentes que entienden que «modificar una ley a través de un decreto simple, lo único que garantiza es inseguridad jurídica. Porque esta discusión en tribunales (la Justicia), tarde o temprano, la va a perder el Gobierno nacional».
«No creo que para las empresas mineras esto sea una buena noticia. Me imagino que ellos pensarán y creerán que la mejor manera de garantizar esa seguridad jurídica es que la modificación salga a través de una ley», afirma.
Entre esas voces disidentes también está la de la Universidad de San Juan, a cargo del inventario de glaciares, «quienes dicen que es un enorme error modificar por decreto una ley sin base científica».
«La Ley de Glaciares fue un gran consenso de los representantes del pueblo y de las provincias, Cámara de Diputados y Senadores. Que el presidente quiera modificar y restringir la protección ambiental, dejando atrás toda la cuestión del carácter progresivo, el carácter precautorio que tiene una ley ambiental como la Ley de Glaciares, es un gran error», resume Arancibia, aún con la resignación de ver al futuro repetir el pasado, ahí, donde el hielo se derrite al calor de los negocios. (Sputnik)
