Abuelas de Plaza de Mayo solicitó a la justicia argentina que amplíe los recaudos que permitan preservar el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), una institución que alberga la información genética de familiares de personas desaparecidas durante la última dictadura (1976-1983).
«Abuelas de Plaza de Mayo solicitó al juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Martín una ampliación de las medidas de protección al BNDG», informó en un comunicado este viernes.
La entidad humanitaria advirtió sobre la pérdida de autarquía y autonomía que experimentó este organismo a partir del decreto 351 firmado por el presidente, Javier Milei, y el jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, publicado el 23 de mayo en el Boletín Oficial.
Según planteó, el Banco de Datos Genéticos se encuentra acéfalo desde hace varias semanas, y no se llamó a concurso para cubrir las vacantes de cargos directivos esenciales para su funcionamiento, como la firma de informes para comunicar resultados sobre entrecruzamientos de material genético, compra de insumos, o mantenimiento de las maquinarias.
También se ve afectado el presupuesto para viajes de extracción de muestras y las exhumaciones para completar grupos familiares, entre otras tantas labores que lleva a cabo este organismo dedicado a la memoria histórica.
«Hoy, el BNDG no tiene presupuesto suficiente para trabajar y funcionar, ya que se mantiene con el de 2023», denunció la institución.
Toma decisiones sobre el Banco el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, un licenciado en Administración de Empresas, y el subsecretario de Ciencia y Tecnología, a su vez licenciado en Psicología, sin que ninguno tenga una capacitación específica «para garantizar la labor de un laboratorio de alta complejidad, que es perito oficial en causas de lesa humanidad», objetó Abuelas.
La entidad reclamó a la justicia que intime al Gobierno para que convoque los concursos públicos pendientes, y que hasta entonces prorrogue el mandato de la actual directora técnica, Mariana Herrera Piñero.
La justicia también debe exhortar a la actual gestión a que facilite el presupuesto necesario para el buen desempeño del banco.
Abuelas de Plaza de Mayo también demandó una medida que permita resguardar las muestras de ADN, los instrumentos, los equipamientos y el inmueble del organismo, así como la tecnología utilizada para los entrecruzamientos.
«Lo requerido en forma cautelar encuentra sustento en las obligaciones de investigar, sancionar, juzgar las graves violaciones de derechos humanos y el deber de reparar adecuadamente a las víctimas y adoptar medidas para garantizar la no repetición de los crímenes de lesa humanidad», señala el escrito presentado al juzgado.
La institución humanitaria planteó que el decreto que descentralizó el BNDG sustrajo la posibilidad de que el organismo administre sus propios recursos, lo que entorpece su objetivo, que es «garantizar la obtención, almacenamiento y análisis de la información genética que sea necesaria como prueba para el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad cuya ejecución se haya iniciado en el ámbito del Estado nacional hasta el 10 de diciembre de 1983».
El Banco Nacional de Datos Genéticos, fundado en 1984, permitió resolver varios casos relativos a la apropiación de menores durante el terrorismo de Estado, observó Abuelas al subrayar el riesgo de que el organismo no cuente con fondos suficientes.
«En el caso del Banco Nacional de Datos Genéticos, el riesgo se exalta en tanto se trata de un laboratorio de alta complejidad que es perito oficial en causas por desapariciones forzadas durante el terrorismo de Estado y almacena y resguarda muestras biológicas y genéticas irreproducibles en caso de pérdida», añadió Abuelas en su presentación.
Abuelas de Plaza de Mayo ha buscado durante décadas a unos 500 nietos, bebés que nacieron en cautiverio durante la última dictadura y fueron separados de sus madres para ser apropiados por otras familias, muchas militares, que les sustrajeron su identidad.
Con 139 casos resueltos hasta ahora, todavía falta por encontrar a más de 300 personas que fueron apropiadas al nacer por agentes de la dictadura. (Sputnik)
