La defensa de la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) presentó un recurso ante la Corte Penal Internacional (CPI) frente a la posibilidad de que la Corte Suprema falle en su contra en segunda instancia y disponga seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, a raíz de supuesta corrupción en contratos de obra pública.
«Durante los días de ayer y hoy, en la sede de la Corte Penal Internacional, llevamos la voz de millones que ya no encuentran justicia en su propio país. Denunciamos la persecución sistemática —política, judicial, mediática e institucional— contra Cristina Fernández de Kirchner», anunció este martes uno de sus abogados, Gregorio Dalbón, en redes sociales.
Fernández, que también fue vicepresidenta de la Nación (2019-2023), reunió este martes a los senadores de Unión por la Patria (peronista) y a otros referentes políticos en la sede del Partido Justicialista -fuerza política que preside-, a la espera de la sentencia de la Corte que confirmaría su condena.
Su defensa, en tanto, denunció «un entramado» supuestamente articulado por «sectores del Poder Judicial», que estaría llevando adelante «una operación de proscripción, cuidadosamente diseñada, ejecutada desde los sótanos del poder real».
«Cristina Fernández de Kirchner enfrenta un proceso judicial plagado de irregularidades graves, documentadas y sostenidas en el tiempo», aseguró Dalbón; a horas de que el máximo tribunal del país se defina sobre la causa denominada «Vialidad», en la que la expresidenta fue condenada por el delito de administración fraudulenta.
El abogado de la exjefa de Estado, que acusó a los medios de comunicación concentrados, a la inteligencia paraestatal y a grupos económicos del país de buscar la proscripción de Fernández, aseguró que presentó ante el tribunal internacional «pruebas concretas e irrefutables» de las violaciones sistemáticas al derecho a un juicio justo y de la falta de independencia e imparcialidad de los jueces actuantes.
El letrado también presentó ante la CPI documentación referida a detenciones arbitrarias y procesos penales selectivos «que constituyen patrones de persecución contra opositores políticos», y al empleo sistemático de la represión policial y judicial «orientada al disciplinamiento social y a la criminalización de la protesta».
Según el abogado, «la situación institucional de Argentina ha cruzado un umbral alarmante», pues «el Estado ya no garantiza el pleno funcionamiento de las garantías constitucionales», con un Poder Judicial que ha sido «cooptado» y unas fuerzas de seguridad que actúan «como brazo armado de un modelo autoritario».
«Cristina está siendo juzgada por un sistema que ya la condenó sin pruebas, sin juicio y sin justicia. Lo que está en juego no es solo su libertad, sino el pacto democrático que construimos desde 1983», sostuvo en alusión al fin de la dictadura militar (1976-1983).
La defensa de la expresidenta anunció que recurrirá también ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, entre otras instancias multilaterales.
«Hoy en Argentina está en curso un proceso de regresión autoritaria que pone en riesgo la democracia misma. Denunciar esta persecución no es un acto partidario. Es un imperativo jurídico, político y moral», reafirmó Dalbón.
TENSA ESPERA
A la espera del fallo de la Corte -que debería estar compuesta por cinco integrantes pero tiene dos vacantes-, varios sindicatos afines a la expresidenta se acercaron también a la sede del Partido Justicialista, en el barrio de Balvanera de la ciudad Buenos Aires, que a esta hora permanece rodeada de seguidores.
«Soy una fusilada que vive», aseguró Fernández en la víspera, durante un acto en la sede del partido por el aniversario del fusilamiento de doce militantes peronistas durante la dictadura de Pedro Aramburu (1955-1958), que inspiró el libro «Operación Masacre» del escritor argentino Rodolfo Walsh, donde figura la frase aludida.
La expresidenta fue condenada en primera instancia por el Tribunal Oral Federal 2 hace dos años y medio, en un juicio oral que la acusó de favorecer de manera discrecional al empresario local Lázaro Báez, también condenado, en el reparto de los proyectos viales que se ejecutaron durante sus dos mandatos y durante la gestión del expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), fallecido en 2010.
A lo largo de la causa, el tribunal puso en tela de juicio las 51 obras viales que fueron concedidas en la provincia de Santa Cruz (sur) a Báez, dueño de la empresa Austral Construcciones.
En primera instancia Fernández fue condenada por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública; decisión que fue ratificada el 13 de noviembre de 2014 por la Cámara Federal de Casación.
Si la Corte Suprema ratifica a su vez la condena de Casación, Fernández podría recibir el beneficio de la prisión domiciliaria, ya que tiene más de 70 años, pero en un primer momento podría ser detenida, pues en la actualidad no goza de fueros.
El lunes 2 de junio, la expresidenta anunció su candidatura en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires (este), previstas para el 7 de septiembre, en representación de la tercera sección electoral, que abarca el sur y parte del oeste del conurbano bonaerense; la zona más poblada dentro la mayor jurisdicción del país.
En la Cámara de Diputados, fracasaron en los últimos meses dos iniciativas de «ficha limpia» que proponían vedar las candidaturas a cargos electivos de personas con condenas confirmadas en segunda instancia.
Si la Corte Suprema condena a Fernández, sería la primera vez en la historia argentina que el máximo tribunal del país falla contra un expresidente en una causa de corrupción. (Sputnik)
