Ya hay un precedente, no tan lejano. El 23 de abril, una gran marcha colmó el centro de Buenos Aires y las principales ciudades del país, con la asistencia de 800.000 personas solo en la capital y un millón de personas en todo el territorio, en la que quizás fue la manifestación más multitudinaria de los últimos años.
«No hay dudas de que la nueva convocatoria es una consecuencia de que volvemos al mismo punto de partida a cinco meses de la manifestación del 23 de abril, solo que ahora con un tema distinto y acuciante, que es el tema salarial», explica a la Agencia Sputnik el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Víctor Moriñigo.
Esta institución, que reúne a los rectores de las 60 universidades nacionales y de las 13 provinciales, fue una de las organizadoras de aquella marcha federal junto con el Frente Sindical de Universidades Nacionales, integrado por seis sindicatos docentes y no docentes, y la Federación Universitaria Argentina (FUA), que aglutina a casi un millón y medio de alumnos.
A raíz de aquella protesta, la actual gestión incrementó 300 por ciento las partidas para los hospitales y 270 por ciento los gastos de funcionamiento, pero esta partida apenas representaba el 10 por ciento del presupuesto.
Desde entonces, «se intentaron distintos caminos y soluciones que acercamos desde el CIN y los gremios en reuniones paritarias e informales y no pudimos ni con los esfuerzos de la Secretaría de Educación», puntualiza Moriñigo, rector de la Universidad de San Luis, en la provincia homónima (noroeste).
AJUSTE INÉDITO
La universidad pública no se ha visto sometida a una restricción presupuestaria como la actual. En estos momentos, «la situación es acuciante: nunca en la historia de los últimos 40 años había existido un retraso salarial tan grande con respecto a la inflación y durante tantos meses», sentenció el titular del CIN.
La última propuesta salarial que ofreció el Gobierno a las universidades antes de que fuera convocada la marcha del 2 de octubre fue de un aumento de dos por ciento, cuando la inflación de agosto fue de 4,2 por ciento. En las últimas horas, ofreció 5,8 por ciento para el mes de octubre, una mejora que volvió a ser rechazada por insuficiente.
«Esto no tiene precedentes, porque nunca ha habido una distancia de 50 puntos con la inflación durante 10 meses», plantea Moriñigo. «Siempre los gremios corren de atrás con las cuestiones salariales y tratan de empatar a la inflación, que se dispara 4 o 5 puntos y después se equipara dos o tres meses después».
El presidente, que en febrero ordenó frenar la creación de cinco universidades que el Congreso había dispuesto por ley, adelantó hace unos días el destino de la Ley de Financiamiento Universitario, también avalada por el Parlamento, que aumenta las partidas presupuestarias de los centros de educación superior y actualiza los salarios de docentes y personal administrativo: «Veto total», anticipó.
Esta normativa, sancionada por el Senado el 13 de septiembre, implica una inversión estatal de 735.598 millones de pesos (unos 750 millones de dólares al cambio actual), lo que representa el 0,14 por ciento del PIB, según la Oficina del Presupuesto del Congreso.
«Aquí lo que ha existido es casi una tomadura de pelo por parte del Gobierno, donde ha sido imposible recuperar salario, visto que mes a mes se ha ido perdiendo contra la inflación», constata el presidente del Consejo Interuniversitario.
El rector alertó por el «enorme riesgo de que las vocaciones a docencia dejen de existir, y de que los docentes se empiecen a ir a trabajar a otro lugar» en un país que logró convertirse en un faro dentro de América Latina por su educación laica y gratuita hasta el nivel universitario.
Este nuevo escenario «va a atentar contra la calidad de nuestra universidad, y vamos a llegar al absurdo de que en el mediano plazo, cuando vayamos a operar, vamos a tener que revisarle el título a nuestro médico porque ya no vamos a estar tan seguro de nuestra universidad púbica», cuestiona Moriñigo.
La puerta al diálogo está siempre abierta para las autoridades universitarias, pero enfrentan a un Ejecutivo que en el proyecto de Presupuesto 2025 presentado al Palacio Legislativo suspende la obligación del Estado de invertir en educación al menos el 6 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB).
El titular del CIN no pierde la esperanza. «Ojalá al día siguiente de la marcha podamos tener la sabiduría para encontrar un punto medio, una diagonal a todo esto, y que el Gobierno entienda que gana más conversando y buscando metodologías de solución que confrontando», concluye.
La comunidad universitaria pública de Argentina está integrada por más de dos millones de estudiantes, más de 155.000 profesores y unos 60.000 no docentes. (Sputnik)
