El Gobierno otorgó dos semanas de plazo a Reino Unido para que interrumpa cualquier proyecto de exploración o explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas, ocupadas por ese país desde 1833, bajo la advertencia de que se encuentran sobre la plataforma continental argentina.
«La República Argentina ha intimado a Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para que, en el plazo de dos semanas, adopte las medidas necesarias para impedir el inicio a la continuación de de las actividades destinadas a la explotación de recursos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas», informó este lunes la Oficina del Presidente en un comunicado.
El Ejecutivo que preside Javier Milei instruyó al Ministerio de Relaciones Exteriores y a los equipos jurídicos de su gestión para que den comienzo al procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
El objetivo de esta iniciativa es impedir que se asiente el proyecto León Marino (Sea Lion) en la cuenca norte del archipiélago y prevenir la adopción de otras medidas que puedan agravar la situación, como el otorgamiento de nuevos permisos de explotación de petróleo en territorio argentino por parte de Reino Unido.
La Oficina del Presidente volvió a recordar la Resolución 2.065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que reconoce la existencia de una disputa de soberanía e insta a Argentina y a Reino Unido a retomar el diálogo a través de negociaciones bilaterales.
La actual gestión también mencionó la Resolución 31/49 de la Asamblea General de Naciones Unidas, que insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación mientras perdure la controversia de soberanía.
«La explotación unilateral de los recursos naturales de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes es contraria al derecho internacional y produce un perjuicio irreversible e irreparable a los derechos de soberanía de la República Argentina», observó la Oficina del Presidente.
La actual administración también rechazó la denominación de Reino Unido de las Islas Malvinas como «territorio británico de ultramar», así como el referéndum unilateral llevado adelante en 2013 en el archipiélago, que no fue reconocido internacionalmente y que además no altera «ni la existencia ni el objeto de la controversia reconocida por las Naciones Unidas».
El Ejecutivo argentino también anunció sanciones y denuncias penales contra la empresa Thales Uk Limited por haberse desplazado desde las Islas Malvinas hasta la localidad chilena de Punta Arenas sin la autorización de este país sudamericano.
«Argentina no se quedará de brazos cruzados y continuará defendiendo sus derechos soberanos con firmeza, utilizando todas las herramientas diplomáticas, administrativas y jurídicas que le reconocen el derecho nacional e internacional», indica el final del comunicado.
A partir del reclamo soberano de Buenos Aires sobre las Islas Malvinas, la dictadura argentina (1976-1983) intentó recuperarlas en abril de 1982 por medio de una guerra que culminó el 14 de junio con la derrota de este país sudamericano y con casi 1.000 muertos entre ambos bandos durante el conflicto armado.
Buenos Aires y Londres retomaron sus relaciones diplomáticas en febrero de 1990 en la administración del entonces presidente argentino Carlos Menem (1989-1999). (Sputnik)
