El endeudamiento creciente en Argentina se ve agravado por el hostigamiento de cobradores extrajudiciales, que aplican métodos violentos y fuera de la ley para exigir pagos. Testimonios de familias muestran cómo las presiones constantes, llamadas intimidatorias y amenazas han llevado a situaciones extremas, incluso con intentos de suicidio.
Casos como el de Yackeline, madre de tres hijos en La Matanza, reflejan el drama: una deuda inicial de 530 dólares se multiplicó en pocos meses hasta superar los 13.000 dólares, mientras recibía amenazas de embargo y visitas intimidatorias. Otro testimonio expuesto en la Legislatura porteña relató el suicidio de una joven de 23 años tras el acoso de cobradores.
Según datos del Banco Central, el porcentaje de personas con al menos una deuda impaga pasó del 13,6% en 2024 al 26,6% en julio de 2026, y la irregularidad en el dinero prestado trepó al 18%. El problema se concentra en créditos de entidades no bancarias, como billeteras virtuales y aplicaciones de préstamos inmediatos, que representan más del 90% de los morosos.
Mientras tanto, el Gobierno de Javier Milei sostiene que se trata de un “problema entre privados” y rechaza implementar políticas de desendeudamiento. En contraste, legisladores impulsan proyectos para regular la cobranza extrajudicial y sancionar prácticas abusivas, limitando horarios de contacto y prohibiendo amenazas.
El fenómeno expone una crisis social y económica que combina la falta de ingresos con mecanismos de presión ilegales, dejando a miles de familias en una situación límite.
