La pena de muerte volvió a quedar en el centro del debate en Estados Unidos tras la decisión de ejecutar al exmilitar Nidal Malik Hasan, condenado por el ataque perpetrado en 2009 en la base de Fort Hood, Texas, donde murieron 13 personas y otras 32 resultaron heridas.
Hasan fue declarado culpable por un tribunal militar en 2013 y permanece detenido en una prisión militar de Fort Leavenworth, en Kansas, a la espera de que se cumpla la condena.
La ejecución quedó programada para el 3 de diciembre de 2026 en Fort Hood, el mismo lugar donde ocurrió la masacre. De concretarse, será una de las pocas ejecuciones realizadas bajo el sistema de justicia militar estadounidense en las últimas décadas.
El caso reabrió la discusión sobre los métodos utilizados para aplicar la pena capital. En esta oportunidad, se prevé que la condena se ejecute mediante un pelotón de fusilamiento, un mecanismo poco frecuente en la historia reciente del país.
La controversia también alcanzó al anuncio de que el procedimiento podrá ser observado por representantes de los medios de comunicación, una decisión que generó cuestionamientos de especialistas en derecho y organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Los críticos consideran que exponer públicamente una ejecución podría profundizar los cuestionamientos éticos sobre la pena de muerte, mientras que sectores favorables sostienen que la medida permite visibilizar las consecuencias de delitos de extrema gravedad.
El ataque cometido por Hasan es considerado uno de los tiroteos más graves registrados dentro de una instalación militar de Estados Unidos. Durante el juicio, el expsiquiatra militar reconoció haber actuado motivado por su oposición a las intervenciones militares estadounidenses en Afganistán e Irak.
Mientras se acerca la fecha prevista para la ejecución, el caso vuelve a instalar el debate sobre la vigencia de la pena de muerte, los mecanismos de aplicación de las condenas y los límites entre justicia, castigo y derechos humanos.
