El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) dejó firme la condena contra el exintendente de Deán Funes, Germán Darío Facchín, por su responsabilidad en el envenenamiento y muerte de 211 perros en abril de 2013. La Sala Penal, integrada por los vocales Luis Enrique Rubio, Domingo Juan Sesín y Luis Eugenio Angulo, rechazó los planteos de la defensa y confirmó la sentencia de cuatro años de prisión efectiva, alcanzando el “doble conforme” judicial que habilita su detención inmediata.
La resolución avaló de manera integral el fallo emitido en octubre de 2022 por la Cámara 8ª del Crimen, que lo halló culpable como instigador de los delitos de daño calificado e infracción a la Ley 14.346 de Maltrato Animal. En la misma causa se mantuvieron las penas de tres años en suspenso para cinco empleados municipales, considerados coautores del operativo. 
Cómo fue la matanza
La investigación determinó que en la madrugada del 28 de abril de 2013 se distribuyeron cebos envenenados con carne y metomil —un químico altamente tóxico— en distintos barrios de Deán Funes. Los cebos, preparados en forma de albóndigas, fueron repartidos utilizando vehículos oficiales. El resultado fue la muerte de al menos 211 perros, además de gatos, pájaros y gallinas.
Vecinos declararon haber visto camionetas municipales en plena distribución, lo que permitió acreditar que Facchín utilizó recursos y personal de la comuna para llevar adelante el operativo.
Animales como “seres sintientes”
La sentencia de 2022 marcó un hito al reconocer a los animales como “seres sintientes”, capaces de experimentar dolor y placer, desplazando la noción arcaica de que eran meros bienes patrimoniales. El TSJ ratificó este criterio, consolidando una jurisprudencia que fortalece la protección penal frente a actos de crueldad sistemática.
Próximos pasos judiciales
Aunque la defensa aún puede recurrir a la Corte Suprema mediante recurso extraordinario o queja, estas instancias no tienen efecto suspensivo. Por ello, la Cámara 8ª del Crimen quedó habilitada para ordenar la inmediata detención de Facchín y la ejecución de la pena en un centro penitenciario.
Más allá del impacto político local, el fallo constituye un precedente institucional en la Argentina al reafirmar la tutela penal del bienestar animal y la responsabilidad de los funcionarios públicos en hechos de crueldad.
