Solicitaron a la Autoridad Nacional de la Competencia que analice posibles conductas anticompetitivas y el impacto de las tasas y costos financieros sobre los usuarios. También pidieron auditar los algoritmos utilizados para la asignación de créditos.
El diputado nacional Juan Pablo Luque, junto a Guillermo Michel, Victoria Tolosa Paz, Ernesto “Pipi” Ali, Kelly Olmos, Emir Félix y Pablo Yedlin, presentó ante la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) un pedido para que se inicie una investigación formal sobre posibles conductas anticompetitivas por parte de billeteras digitales interoperables y otros proveedores no financieros.
La presentación propone analizar la conducta de las 91 billeteras digitales y 687 proveedores no financieros —entre mutuales y cooperativas— autorizados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Entre los puntos solicitados, los legisladores plantearon que se releve el historial de Tasas Efectivas Anuales (TEA) y Costos Financieros Totales (CFT) aplicados por estas entidades, así como su evolución y las diferencias existentes entre las distintas empresas.
También pidieron un análisis comparativo que permita identificar qué entidades se ubicaron por encima o por debajo de los valores promedio y medianos del mercado, además de información sobre índices de morosidad y niveles de endeudamiento.
Auditoría de los algoritmos de crédito
Uno de los principales aspectos del pedido apunta al funcionamiento de los sistemas tecnológicos utilizados por las aplicaciones financieras.
Los diputados solicitaron que la ANC designe un cuerpo pericial integrado por economistas e informáticos para auditar los algoritmos de asignación de crédito y los sistemas de scoring utilizados por las entidades alcanzadas por la investigación.
El objetivo es determinar si esos mecanismos utilizan datos transaccionales no financieros para establecer diferencias de precios o tasas entre usuarios y si podrían existir prácticas que impliquen el cobro de tasas excesivas ante la falta de alternativas disponibles para determinados consumidores.
La presentación solicita que estos aspectos sean analizados a la luz de la Ley de Defensa de la Competencia, la Ley de Defensa del Consumidor, la Carta Orgánica del Banco Central y el Código Civil y Comercial de la Nación.
De esta manera, los legisladores buscan que el organismo competente determine si existen prácticas que puedan afectar la competencia, los derechos de los consumidores y el acceso a condiciones financieras razonables.
“Necesitamos saber qué está pasando con las tasas que pagan los usuarios y cómo funcionan los algoritmos que determinan quién accede a un crédito y en qué condiciones. La tecnología no puede convertirse en una herramienta para profundizar abusos o aprovecharse de quienes tienen menos alternativas”, sostuvo Luque.
