El gobernador acompañó el planteo realizado por el intendente de Gaiman, Darío James, y la Secretaría de Salud avanzará con los trámites legales y administrativos correspondientes para la baja definitiva de la matrícula provincial de Diego Soto Payva. El profesional fue investigado por la emisión irregular de licencias de conducir profesionales sin los controles correspondientes.
El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, instruyó a la Secretaría de Salud provincial, a cargo de Sergio Wisky, a avanzar con los trámites legales y administrativos necesarios para la revocación definitiva de la matrícula provincial del médico Diego Soto Payva, involucrado en la emisión irregular de licencias de conducir profesionales sin los controles correspondientes, incluyendo la falsificación de la firma de una psicóloga.
Luego de un extenso proceso judicial en el que la Fiscalía había solicitado una pena de tres años de prisión en suspenso, el magistrado interviniente resolvió otorgar la suspensión de juicio a prueba. Como parte de las condiciones impuestas, Soto Payva deberá abonar un total de $5.495.000 en concepto de reparación económica.
Baja de la matrícula
En el marco de la causa, el intendente de Gaiman, Darío James, había solicitado a la Justicia que dejara sin efecto dicho beneficio. Sin embargo, la resolución fue ratificada por el juez actuante.
Frente a este escenario, el titular del Ejecutivo provincial acompañó el planteo realizado por el jefe comunal y confirmó que “instruí a la Secretaría de Salud para que avance con celeridad en todas las actuaciones administrativas y legales necesarias para dar de baja la matrícula de este médico que, lejos de estar a la altura de su juramento profesional, puso en riesgo la vida de cientos de personas y utilizó su función para obtener un beneficio económico indebido, deshonrando a sus colegas y faltándole el respeto a todos los chubutenses”.
Asimismo, Torres sostuvo que el ejercicio de la medicina exige los más altos estándares de responsabilidad y ética profesional, y remarcó que quienes incumplen esas obligaciones no pueden seguir formando parte del sistema de salud de la provincia.
