El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad de Argentina (Andis), Diego Spagnuolo, procesado en una causa que investiga maniobras de corrupción en el organismo, se negó a declarar este martes en la indagatoria a la que fue citado.
«Diego Spagnuolo se negó a declarar», informaron fuentes judiciales a las que accedió la Agencia Sputnik.
Spagnuolo fue convocado para ampliar su indagatoria, ya que en el marco de la investigación en torno a la Andis, se detectó la comisión de nuevas irregularidades que se habrían articulado entre funcionarios públicos y empresarios proveedores de insumos de alto costo.
El exfuncionario debía hacer su descargo ante el fiscal Franco Picardi y el juez Ariel Lijo, pero hizo uso de su derecho de negarse a declarar, y ni siquiera presentó un escrito.
Tras la audiencia, se retiró de los tribunales federales de Buenos Aires sin responder las preguntas de los periodistas apostados en el lugar.
Spagnuolo ya está procesado por cohecho, fraude contra el Estado y negociaciones incompatibles con la función pública.
También fue citado para hoy quien era el segundo en el organismo Daniel Garbellini, que también está procesado.
El caso se descubrió en agosto, a partir de unos audios atribuidos a Spagnuolo en los que admitía una supuesta trama de corrupción en el seno del organismo a través de la compra de medicamentos, lo que motivó la remoción inmediata del ahora exfuncionario.
El sistema de sobornos en la compras de medicamentos a una droguería, la Suizo Argentina, también involucran a la hermana del presidente y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, como receptora del tres por ciento de la facturación.
En total se dispusieron 35 nuevas indagatorias a exfuncionarios y empresarios que se llevarán a cabo hasta el 26 de mayo.
Según el expediente, las maniobras de corrupción supusieron un gasto de 75.478 millones de pesos (53,1 millones de dólares) para el erario estatal, en beneficio de un reducido grupo empresarial.
El fiscal acreditó que los actos de corrupción se ejecutaron, al menos, desde diciembre de 2023, cuando asumió la actual gestión, y hasta octubre del 2025, cuando funcionarios públicos de la Andis direccionaron de manera intencionada múltiples compras de insumos de alto costo para que sus amigos y allegados resultaran adjudicatarios de las adquisiciones, a cambio de retornos y dádivas de diverso tipo.
Los nuevos hallazgos en el caso señalan que más de 20 empresarios, a través de más de 30 firmas, formaron parte de este entramado delictivo conducido desde el sector público por quien era director de la Andis, Diego Spagnuolo, y Daniel María Garbellini; y, desde el sector privado, el empresario y lobbista Miguel Angel Calvete y el operador Pablo Atchabahian, vinculados a las droguerías a las que se compraban los medicamentos.
Los insumos que presuntamente se comercializaron de manera ilícita son dispositivos y tecnologías médicas que resultan sumamente costosas para el sistema de salud, con prótesis de alta gama para amputaciones, implantes cocleares y materiales específicos para cirugías complejas, sillas de ruedas motorizadas, entre otros.
Estos insumos son gestionados desde el Programa Incluir Salud para personas con discapacidad o con enfermedades crónicas graves que se encuentran en situación de pobreza estructural y que no poseen coberturas médicas específicas.
El Gobierno del presidente Javier Milei informó el 30 de diciembre que eliminaría la Andis y que sus funciones serían absorbidas por el Ministerio de Salud.
La actual gestión reglamentó en febrero la ley que declara hasta diciembre de 2026 la Emergencia Nacional en Discapacidad, normativa sancionada por el Congreso en julio y ratificada en septiembre tras un veto presidencial, pero el Gobierno tiene intenciones de presentar al Congreso un nuevo proyecto de ley en reemplazo de esta legislación.
Al estimar el impacto de la actual ley, cuya vigencia original se planteó hasta diciembre de 2027, la Oficina de Presupuesto del Congreso calculó que tendría un costo fiscal de entre el 0,2 por ciento y el 0,4 por ciento del producto interno bruto (PIB), y que el número de beneficiarios por nuevas altas oscilaría entre las 493.000 y 946.000 personas. (Sputnik)
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