El presidente Javier Milei elogió el aval que recibió en la madrugada de este jueves en la Cámara de Diputados una modificación a la Ley de Protección de Glaciares que redefine qué zonas podrían ser habilitadas para proyectos mineros.
«La Oficina del Presidente celebra la sanción de la Cámara de Diputados y la aprobación definitiva del Congreso de la Nación al proyecto de adecuación de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y el Ambiente Periglacial», señaló el órgano este jueves en un comunicado.
El mandatario elogia en el texto la reforma que impulsó su Gobierno por precisar el alcance de la norma vigente «a fin de garantizar seguridad jurídica y darle poder a las provincias para la utilización de sus recursos».
Definida como una «reforma histórica», el jefe de Estado aseguró que la nueva ley «aclara con precisión científica que se debe continuar protegiendo los glaciares y las geoformas del ambiente periglacial que cumplen funciones hídricas, permitiendo, en función de evaluaciones técnico-científicas provinciales, la explotación de los minerales en los terrenos que estaban mal catalogados como glaciares».
Según Milei, la Ley de Protección a los Glaciares sancionada en 2010 «era confusa y generaba interpretaciones absurdas que prohibían actividades mineras en general, incluso donde no había nada que proteger».
«Eso llevaba a conclusiones contrarias al art. 41 de la Constitución (utilización racional de los recursos naturales) y al dominio originario de las provincias (art. 124)», puntualizó el órgano del presidente.
La iniciativa del partido gobernante, La Libertad Avanza (ultraderecha), era un reclamo de las provincias que conforman la Mesa de Litio, Catamarca, Jujuy y Salta , y las jurisdicciones que integran la Mesa del Cobre: además de las anteriores, Mendoza y San Juan .
«La reforma aprobada les devuelve a las provincias la competencia que les corresponde como legítimas titulares del dominio originario de sus recursos permitiéndoles identificar, proteger y administrar sus reservas hídricas de manera eficiente, técnica y realista», remarcó el presidente.
La ley, que todavía debe ser promulgada por el Gobierno, elimina así «distorsiones ideológicas y las trabas artificiales» al tiempo que garantiza el cuidado del ambiente sin hacerlo colisionar con el crecimiento económico.
«Los intentos de interferencia de organizaciones extranjeras fracasaron y los ecologistas empecinados en impedir el progreso de la República Argentina volvieron a perder», concluyó Milei.
Organizaciones ambientalistas y fuerzas políticas llamaron a protestar frente al Congreso y adelantaron que recurrirán a la justicia.
Durante la sesión, partidos de la oposición calificaron la norma de anticonstitucional porque entraña una regresión en materia ambiental, mientras que el oficialismo negó que ese fuera el espíritu de la ley.
ALCANCE DE LA REFORMA
La reforma al Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, que recibió media sanción en el Senado el 26 de febrero, empodera a las provincias para definir qué cuerpos de agua pueden ser resguardados y cuáles no, siempre que sea avalado por estudios técnicos.
La iniciativa del oficialismo delega en las jurisdicciones que tienen glaciares en sus territorios la posibilidad de priorizar las actividades productivas en estas áreas de donde nacen buena parte de los ríos del país.
El proyecto debilita el inventario contemplado en la Ley de Protección de Glaciares, al asumir que deben ser incluidas solo masas de hielo que «cumplan con las funciones de reserva estratégica de recursos hídricos y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas».
Diversos expertos y organizaciones ambientales consideran ilegal e inconstitucional la medida, por habilitar la desprotección de áreas glaciares y vulnerar la Constitución, que en su artículo 41 estipula presupuestos mínimos de cuidado a nivel nacional que no pueden ser reducidos por las provincias.
La medida también ha generado controversias y movilizaciones de protesta en provincias como Mendoza (centro-oeste), ubicada al pie de la cordillera de los Andes.
Antes de convertirse en ley, el proyecto fue denunciado ante el Parlamento Europeo por cinco instituciones ambientales, que advirtieron que la iniciativa podría ser incompatible con los compromisos asumidos en el acuerdo comercial suscrito entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur.
Doce de las 24 jurisdicciones de Argentina tienen glaciares en su territorio.
En el país existen 16.968 cuerpos de hielo cuya superficie se extiende por 8.484 kilómetros cuadrados, lo que equivale a 41 veces la ciudad de Buenos Aires, según el Inventario Nacional de Glaciares estipulado por la ley que relevó en 2018 el Instituto Argentino de Nivología y Glaciología. (Sputnik)
