La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) de Argentina concretó la baja administrativa de 78 integrantes de las Fuerzas de Seguridad y de las Fuerzas Armadas que se encontraban en situación de retiro, pese a registrar condenas penales firmes por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983).
«La Fiscalía especial dio de baja a 78 agentes con condenas firmes por delitos de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado», señalaron a la Agencia Sputnik fuentes judiciales.
A 14 días del 50º aniversario del golpe de Estado que dio inicio a la dictadura, el organismo especializado en investigar hechos de corrupción y de irregularidades administrativas cometidas por agentes de la administración pública nacional tomó esta medida tras constatar que estos condenados mantenían un vínculo formal con el Estado pese a tener una sentencia firma por delitos de lesa humanidad.
El estudio de la PIA, bajo la órbita de la Procuración General de la Nación, se originó a partir de un pedido de colaboración presentado por la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, del Ministerio Público Fiscal, al detectar casos en los que agentes condenados permanecían en situación de retiro sin que se hubiera dispuesto su baja administrativa definitiva.
Estas irregularidades ya habían sido advertida en intervenciones previas de la PIA, en las que se analizó el caso de tres agentes de fuerzas de seguridad condenados por delitos de lesa humanidad a quienes les fue dictada la procedencia de su baja administrativa.
A partir de esa pesquisa inicial, la PIA amplió el análisis a la totalidad de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
El estudio incluyó a la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina, el Ejército Argentino, la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina.
La PIA pudo verificar bajas dispuestas en la Policía Federal, la Fuerza Aérea y el Ejército, además de confirmarse otras previamente adoptadas, pero observó también la persistencia de demoras administrativas y obstáculos en la ejecución plena de las consecuencias jurídicas derivadas de las sentencias condenatorias firmes.
Según indicó en su estudio, estas dificultades no respondían a situaciones aisladas, sino a problemas de carácter estructural.
El documento destacó que la desvinculación institucional definitiva de personas condenadas por delitos de lesa humanidad constituía una obligación derivada tanto del derecho interno como de los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en materia de derechos humanos, en particular en relación con las garantías de no repetición.
La PIA afirmó que puso al tanto de estas irregularidades a las autoridades nacionales competentes para promover la adopción de medidas que permitan asegurar el cumplimiento integral y oportuno de las sentencias judiciales, y evitar la persistencia de vínculos funcionales incompatibles con condenas por graves violaciones a los derechos humanos.
Argentina conmemora este 24 de marzo el 50º aniversario del golpe cívico-militar que dio inicio al terrorismo de Estado, el cual causó 30.000 detenidos-desaparecidos y además se apropió de unos 500 niños a quienes sustrajo su identidad y dio en adopción a agentes de la dictadura. (Sputnik)
