El segundo tiempo de la gestión del actual gobierno ha comenzado. Fue el miércoles pasado, 10 de diciembre. Ya, en el horizonte, despunta la primera batalla: el proyecto de ley de reforma laboral. En ese escenario aprontan sus soldados la desvaída CGT y el decadente peronismo. Esos son los adversarios de siempre a los cuales el Gobierno confía en poder doblegar. Sin embargo, con eso no alcanza, porque hay un actor que apareció en escena el viernes y produjo estrépito: la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. La Asociación salió con los tapones de punta a criticar duramente el proyecto de ley, señalando por medio de un comunicado que, entre otras cosas, contiene artículos que tiene por objetivo la disolución del fuero laboral. Esos artículos son, en los hechos, el 90 y el 91.
El artículo 90 del proyecto señala: “Los jueces que resuelvan causas de índole laboral deberán, de forma obligatoria, adecuar sus decisiones a los precedentes establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la materia. El apartamiento infundado de los magistrados respecto de dichos criterios configurará una causal de mal desempeño en sus funciones”.
El artículo 91 habla de la “Vigencia transitoria de la Justicia Nacional del Trabajo. La Justicia Nacional del Trabajo mantendrá su vigencia hasta tanto se instrumente el acuerdo de transferencia de competencias de la Justicia Nacional del Trabajo entre la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una vez formalizado dicho acuerdo, se dispondrán los actos necesarios para su progresiva disolución conforme las previsiones y plazos que surjan de dichos instrumentos”.
El Gobierno debería prestar atención a esta advertencia de los jueces, quienes marcaron que están en estado de alerta. Hay que recordar que los magistrados tienen la última palabra sobre la constitucionalidad o no de las leyes, es decir –en definitiva– de su legalidad y, por ende, de su vigencia. Recuérdese –a manera de ejemplo que, en junio de 2013, la Corte Suprema declaró inconstitucional el proyecto de ley con el que la condenada expresidenta Cristina Fernández de Kirchner quiso someter a la Justicia.
El tema judicial dará aún más tela para cortar. Un primer objetivo que no debe ser olvidado es la necesidad de completar las dos vacantes existentes en la Corte Suprema. A eso se le suma la necesidad imperiosa de cubrir las vacantes existentes en todos los fueros.
Mientras tanto, la rosca política no se detiene. La Libertad Avanza confía en que tendrá 33 votos garantizados para la primera parada legislativa en el Senado: a sus 19 senadores más el apoyo de Luis Juez, le suma los diez del radicalismo y los tres del PRO. Apuesta también por los apoyos que obtuvo en su primer tiempo de gestión: los dos misioneros, el correntino Espínola y la tucumana Ávila. Así el Gobierno tendría la media sanción asegurada en el recinto donde tiene menor peso específico. En el oficialismo repiten una especie de consigna como un mantra: “No se tocan los derechos del laburante; se reorganizan para tener reglas claras sin abusos y con menos burocracia sindical”. En este último punto la realidad demuestra otra cosa. El Gobierno no aceleró a fondo para desarticular a la casta sindical. La cuota solidaria que hoy abonan todos los trabajadores como aporte a los sindicatos aunque no estén afiliados a ninguno seguirá vigente. Se trata de una de las fuentes de recaudación del establishment sindical más arraigada en el viejo sistema. Los libertarios también aceptaron que los gremios con personería sean los que tengan que firmar los convenios por empresa.
La pregunta es muy simple: ¿por qué una nueva etapa de “modernización laboral” mantiene semejantes privilegios? En el Gobierno se justifican enumerando los avances de la nueva ley y aseguran que el “paquete de leyes para refundar la Argentina” va mucho más allá de la pelea con los sindicatos. “Vamos a terminar con la industria del juicio y bajar los costos laborales para que tanto las pymes como las grandes empresas puedan contratar más gente sin temor a desfinanciarse” –aseguran. Es cierto, pero también es verdad que el Gobierno y las centrales obreras exageran sus posturas para darle pasto a los propios. Hay que mantener las formas.
A pesar de no haber sido golpeada en su línea de flotación, la CGT saldrá a la calle contra la reforma laboral de Javier Milei. La movilización será el 18 de diciembre hacia la Plaza de Mayo, como parte de un plan de lucha que incluirá “medidas graduales” contra el Gobierno y la idea de sumar a las dos CTA y a los movimientos sociales. El show debe continuar. En una dirigencia sindical que atrasa 30 años, todavía reina la idea de “ganar la calle” como una demostración de poder. La expectativa de la CGT es reunir unos 150 mil manifestantes en la Plaza de Mayo. Gerardo Martínez (Uocra) dijo: “Analizaremos un programa de acción. Comienza una etapa de resistencia. Nada está descartado, esperemos que podamos constituir una masa crítica. Todo puede pasar”. La falsa épica ante todo. Como en los viejos tiempos del kirchnerismo que, dicho sea de paso, está listo para conspirar dentro y fuera del Palacio Legislativo. Las primeras voces de esa fuerza señalaron que el Consejo de Mayo –órgano consultivo que trabajó en el paquete de leyes– no es vinculante y aseguraron que “no se permitirá que el empresariado y un puñado de liberales borren de un plumazo las conquistas laborales históricas de los trabajadores”. ¿A quién le importa realmente la protección y generación de empleo? Si todo sale como anticipan la mayoría de los analistas serios, el aumento del trabajo formal debería ser un objetivo defendido por todos. Como siempre ocurre, cuesta demasiado soltar la cartera de privilegios que hicieron de la Argentina un país inviable por muchos años.
