El presidente interino de Perú, José Jerí, anunció este martes la declaración del estado de emergencia en Lima y Callao por 30 días, como respuesta a la creciente ola de violencia y extorsiones ligadas al crimen organizado. Esta medida afecta a aproximadamente 10 millones de habitantes y permite la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, además de restringir derechos fundamentales como la libertad de reunión y la inviolabilidad del domicilio.
Perú declaró el estado de emergencia.
En un mensaje a la nación, Jerí señaló que “la delincuencia ha crecido de manera desmesurada” y aseguró que el gobierno revertirá la situación. “Hoy empezamos a cambiar la historia en la lucha contra la inseguridad en el Perú”, afirmó. Entre las restricciones más estrictas, se prohíbe que dos personas circulen en una misma motocicleta, una práctica común en el sicariato y utilizada por delincuentes para cometer crímenes.
Esta es la primera acción significativa del nuevo gobierno, que asumió el poder hace casi dos semanas. “Pasamos de la defensiva a la ofensiva en la lucha contra el crimen”, declaró el mandatario, acompañado de su gabinete. Lima ya había experimentado medidas similares entre marzo y julio, tras el asesinato de un popular cantante de cumbia, lo que destaca la persistencia de la inseguridad.
Protestas y Crisis Política en Medio del Avance del Crimen Organizado
La decisión del Ejecutivo surge tras protestas masivas la semana pasada, que resultaron en un muerto y más de cien heridos entre civiles y policías. Las manifestaciones del 15 de octubre degeneraron en enfrentamientos violentos frente al Congreso, donde miles de personas exigieron acciones contra la inseguridad y cuestionaron al gobierno derechista de Jerí.
Perú atraviesa una profunda crisis política, con siete presidentes desde 2016. Las denuncias de extorsión han aumentado drásticamente: de 2.396 en 2023 a más de 17.000 en 2024, y entre enero y septiembre de este año se registraron 20.705 casos, un 28,8% más que el año anterior. Además, 47 conductores han sido asesinados por sicarios en lo que va de 2025, según el gremio de transportistas Anitra. Estos datos ilustran el escalada del crimen organizado, que ha convertido a Lima y Callao en zonas de alto riesgo.
El estado de emergencia busca restaurar el orden, pero también genera debates sobre el equilibrio entre seguridad y derechos ciudadanos. ¿Logrará el gobierno controlar la violencia? Los próximos días serán clave para evaluar el impacto de estas medidas.
