El presidente Javier Milei designó por decreto a los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema de Justicia, con lo que cubrió las dos vacantes que tenía el máximo tribunal del país sudamericano.
«El presidente ha tomado la determinación de designar en comisión a los doctores Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación», informó el martes la Oficina del Presidente en un comunicado.
La firma de las designaciones por parte del presidente, que regirán «hasta el final del periodo legislativo de este año», permitirá que el Senado continúe «el trámite administrativo».
El Ejecutivo envió el 15 de abril los pliegos de los dos magistrados para ocupar los cargos vacantes en la Corte Suprema, que tiene cinco miembros.
El objetivo de la actual gestión es «normalizar el funcionamiento del máximo tribunal judicial (…), el cual no puede llevar a cabo su rol con normalidad con tan solo tres ministros», alegó el presidente en su comunicado.
La actual gestión, que ya había anunciado el 20 de marzo su decisión de nombrar a ambos jueces para la Corte Suprema, negoció desde entonces con la oposición para conseguir los dos tercios de votos que necesitaba para su aprobación en el Senado, lo que hacía necesario un acuerdo con la principal alianza opositora, Unión por la Patria.
«La Cámara alta debió haber prestado acuerdo a los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, optó por guardar silencio, a pesar de que se cumplieron con todos los requisitos normativos vigentes y se demostró la idoneidad de los postulados para el cargo», señaló la Oficina del Presidente.
El órgano enfatizó la potestad del presidente, «y nadie más», de seleccionar a los candidatos para cubrir las vacantes de la Corte Suprema, «limitándose el Senado a prestar su conformidad o rechazarlos en función de un análisis objetivo de la idoneidad técnica de los candidatos».
El gobernante de La Libertad Avanza escudó su decisión en el hecho de que algunos de los que lo precedieron en el cargo, como Néstor Kirchner (2003-2007) o Mauricio Macri (2015-2019), lograron que «una notable mayoría del arco político» respaldase «la designación temprana de jueces para la Corte Suprema durante sus mandatos».
«Sin embargo, durante meses, han evadido respetar la decisión de este Gobierno, aun cuando la falta de pronunciamiento implica un grave daño al funcionamiento de uno de los tres poderes de la República», aseguró la oficina del mandatario.
La actual gestión logró obtener un dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos del Senado para la candidatura del juez Lijo a la Corte Suprema, pero el jueves resignó el tratamiento de su postulación en el plenario de la Cámara Alta a cambio de la sanción de una ley que suspende este año las elecciones primarias, antesala de los comicios legislativos de octubre.
DESIGNACIÓN CONTROVERTIDA
El juez Lijo ha sido cuestionado por diversas organizaciones sociales.
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires impugnó su postulación, al señalar que entre 2023 y 2024se realizaron al menos cinco pedidos de juicio político contra el magistrado.
Además, le reprochan la morosidad en la tramitación de algunas de sus causas, entre otros cuestionamientos.
Por su parte, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia contabilizó que Lijo recibió 32 denuncias disciplinarias desde que ejerce como juez, lo que lo convierte en uno de los letrados más denunciados ante el Consejo de la Magistratura, órgano encargado de evaluar el desempeño de estos profesionales.
Esta organización civil también critica a Lijo porque hace 10 años que mantiene en fase de instrucción la mitad de las causas de corrupción de su juzgado.
Además señalan que el magistrado fue denunciado penalmente por asociación ilícita, lavado de activos y soborno.
Lijo ocuparía una de las dos vacantes que tiene la Corte Suprema, un tribunal que debe estar integrado por cinco ministros.
El oficialismo aspira a designar al quinto integrante por decreto.
Ese puesto estaría ocupado por el abogado y académico Gabriel García Mansilla, también cuestionado por organizaciones de la sociedad civil, como el Centro de Estudios Legales y Sociales. (Sputnik)
