El máximo tribunal penal argentino ratificó este lunes que los delitos sexuales formaron parte del plan desplegado por el terrorismo de Estado que ejerció la última dictadura cívico militar (1976-1983) al ratificar la condena de uno de los represores más emblemáticos, Eduardo Jorge Acosta, alias el «Tigre».
«Independientemente de la existencia de una orden directa para su perpetración, surgen como parte del contexto del ataque sistemático a la población civil, de acuerdo a la política estatal del momento», sostuvo la Cámara Federal de Casación Penal en su sentencia.
La sala II del tribunal ratificó que los delitos sexuales deben ser considerados crímenes de lesa humanidad al confirmar la sentencia a 24 años de prisión del exjefe de Inteligencia de la Unidad de Tareas 3.3.2 que operó en uno de los centros clandestinos de detención más sanguinarios que funcionó durante la dictadura, la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
«Del relato de las víctimas surge un patrón o política preconcebida en la comisión repetida o continua de estos actos inhumanos», señalaron los jueces Guillermo Jorge Yacobucci, Angela Ester Ledesma y Alejandro Walter Slokar.
La sentencia dio cuenta de que la sistematicidad de los delitos sexuales «se desprende de una política altamente organizada y orquestada a fin de implementar el plan de persecución, del que los perpetradores se valieron para consumar sus crímenes y garantizar su impunidad».
Estos crímenes, «al igual que las vendas, las ataduras, los golpes, el paso de corriente eléctrica, los insultos, las vejaciones, «la prohibición del habla», formaron parte «del conjunto de prácticas criminales que integraron de modo expreso o implícito el dispositivo represivo diseñado», añadió Casación.
CONFIRMACIÓN DE CONDENA
El tribunal penal rechazó un recurso presentado por Acosta, cuya condena a 24 años de cárcel por los delitos de violación agravada reiterada, abuso deshonesto reiterado, privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos contra tres mujeres secuestradas en la ESMA, fue unificada con otras anteriores en una única sentencia a prisión perpetua.
Todos estos delitos atribuibles a quien estuvo a cargo de la inteligencia en ese centro clandestino, observó Casación, no fueron imputados durante la tramitación de procesos anteriores.
Los pronunciamientos dictados contra el exmilitar fueron tomados como sólidos, pues era «el mandamás del Grupo de Tareas 3.3, que operó dentro y fuera de la ESMA, y que a través de prácticas perversas convalidó con cada una de sus acciones los tratos inhumanos llevados a cabo contra los detenidos ilegales, pero específicamente la sistemática violencia sexual dirigida contra las mujeres».
Casación ratificó así el fallo que dictara hace tres años el Tribunal Oral Federal nº 5 de la ciudad de Buenos Aires, cuando también fue sentenciado a 20 años de cárcel el exoficial de la Armada Alberto Eduardo González, alias «Gato», o «González Menotti», quien no recurrió la sentencia.
Organizaciones de derechos humanos estiman que la última dictadura argentina causó 30.000 desaparecidos y se apropió de unos 500 niños a quienes sustrajo su identidad. (Sputnik)
