Una investigación interna liderada por la ministra Sandra Pettovello ha sacado a la luz un presunto sistema de recaudación política ilegal en el Ministerio de Capital Humano. El escándalo involucra a Pablo De la Torre, ex secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, quien habría estado vinculado a contratos irregulares con una ONG internacional. La situación ha generado tensiones políticas y derivado en acciones judiciales.
Durante una serie de interrogatorios internos, un funcionario de tercer nivel del Ministerio admitió la existencia del mencionado sistema de recaudación política mediante contratos con una ONG internacional. La revelación apuntó directamente a De la Torre, quien fue despedido del Gobierno tras este escándalo, sumándose a otros incidentes previos relacionados con la gestión de alimentos cerca de su vencimiento.
A pesar de que las autoridades intentaron desvincular el despido de De la Torre del tema de los alimentos, la dimensión del presunto esquema de recaudación política ilegal ha captado la atención en la Casa Rosada. La ministra Pettovello presentó una denuncia ante la Oficina Anticorrupción, que posteriormente derivó en acciones judiciales.
La principal acusación contra De la Torre señala su presunta participación en la creación de un sistema de recaudación política ilegal mediante contratos firmados con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). Se estima que la OEI recibió cerca de mil millones de pesos este año por acuerdos gestionados por De la Torre, quien habría incluido al menos 100 nombres como contratados en dichos convenios.
La investigación judicial ahora deberá determinar cuántos de esos contratos eran reales, si hubo identidades falsificadas y si se produjo algún tipo de retención indebida de fondos. Además, el caso pone de manifiesto la tensión política dentro del Ministerio de Capital Humano y sus implicaciones en el ámbito legislativo, donde bloques como el de La Libertad Avanza en la Legislatura bonaerense enfrentan incertidumbres.
El comunicado oficial emitido por la OEI confirmó la existencia de convenios con el Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, aunque intentó desvincularse del escándalo. Sin embargo, la información proporcionada por la OEI sirve como base para la investigación judicial en curso, que buscará esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades pertinentes.
