En una entrevista, la jueza del Juzgado de Familia, Jorgelina Castillo, detalló el proceso de intervención del sistema de protección de derechos en casos excepcionales que requieren atención jurisdiccional, como el caso de los padres antivacunas que ha captado la atención nacional.
«El sistema de protección integral de la niñez incluye el servicio de protección de derechos, que funciona en colaboración con los profesionales de la salud. Cuando la urgencia lo amerita, estos profesionales informan a la autoridad pública y se toma la medida de protección necesaria», explicó la Dra. Castillo.
En el caso específico del Hospital Regional, la intervención del servicio de protección de derechos se activó como medida de protección ante la urgencia, despechando la intervención sin el consentimiento inicial de los progenitores.
Aunque en la mayoría de las situaciones similares se logra llegar a un acuerdo con los padres sin recurrir a la justicia, en este caso particular, el servicio médico del Hospital Regional no pudo avanzar sin la intervención de la fuerza pública.
La Dra. Castillo destacó la implementación de un operativo extraordinario para este tipo de situaciones, que incluye el pedido puntual de vacunación y la intervención del servicio de protección de derechos.
«Se hace un seguimiento y, en el caso de que se requiera la fuerza pública, allí intervenimos nuevamente nosotros», agregó la jueza a abcradio, subrayando que la intervención del sistema de protección de derechos se realiza como medida excepcional para garantizar la seguridad y el bienestar de los menores en situaciones críticas.
Consultada sobre la obligatoriedad de la educación y el accionar de los padres, la Dra. Castillo aclaró que la intervención del sistema se activa en casos en los que se recurra al uso de la fuerza pública.
