La jueza de garantías Karina Breckle dispuso la libertad para los cinco sindicalistas del SUPA que se hallaban detenidos bajo la modalidad de arresto domiciliario, aunque seguirá el proceso en contra de ellos. Son investigados por los delitos de amenazas y extorsión contra seis empresarios de empresas de estibaje.
La fiscalía había solicitado la prisión preventiva en un centro de detención, pero los argumento expuestos en la larga audiencia fueron rechazados por la magistrada que consideró que no existe entorpecimiento de la investigación y que el Ministerio Público Fiscal no presentó medidas coercitivas en tiempo procesal oportuno, además de otros argumentos.
Los fiscales Florencia Gómez y Leonardo Cheuquemán pidieron la prohibición de acercamiento de los imputados a los denunciantes, sus familias, sus domicilios, sus bienes, empresas y lugares habituales de trabajo.
La resolución de la jueza de garantías de Rawson, fue el corolario de una audiencia “multipropósito” iniciada el viernes y que concluyó en la mañana de este sábado luego de haberse dispuesto un cuarto intermedio para que la magistrada analice su resolución, tras el pedido de los fiscales investigadores para que los imputados sigan con la prisión preventiva en un centro de detención.
Se investiga a la conducción del SUPA integrada por Alexis Gutiérrez, Claudio Villarroel, Bruno Vera, José Zambrano y Juan Carlos Inaleff por presuntamente haber extorsionado y exigido dinero a empresarios pesqueros chubutenses entre los meses agosto y septiembre del 2023, a cambio de no interrumpir la actividad portuaria con medidas de fuerza que llevaban adelante a través del gremio. Contra el vocal Cristian Pérez fue rechazado el pedido de apertura de investigación en su contra.
Los denunciantes son propietarios de empresas de estibaje que utilizan mano de obra afiliada a ese gremio, para la carga y descarga de los barcos pesqueros. Se trata de son Raúl Cereseto, Rafael Suárez, Ezequiel Jaroslavsky, Sergio Pantano, Luis Santander y Oscar Aravales.
Las medidas resueltas por la jueza Breckle se extenderán por el plazo de cinco meses, tiempo en el que los fiscales deberán haber concluido con la investigación.
