El gobernador Ignacio Torres, ha elevado la apuesta en el conflicto por la retención de fondos de coparticipación, amenazando con cortar el suministro de petróleo y gas como medida de presión. Esta drástica advertencia surge en un contexto de disputas financieras que pone en relieve la fractura entre las necesidades provinciales y las políticas del gobierno nacional.
Durante una entrevista reciente, Torres expresó su disposición al diálogo, siempre y cuando este conduzca a soluciones concretas. «Si el Gobierno llama al diálogo, nosotros siempre estamos para dialogar. Pero el diálogo tiene que ser resolutivo», señaló, enfatizando la necesidad de acciones efectivas más allá de las conversaciones.
La solidaridad de las provincias patagónicas ha sido un pilar de apoyo para Chubut en este conflicto. Tras una reunión con otros gobernadores de la región, Torres destacó el compromiso unánime con la causa de Chubut, preparados para paralizar los pozos petrolíferos y de gas si no se obtiene una respuesta favorable del Gobierno nacional.
El núcleo del desacuerdo radica en la retención de fondos de coparticipación que, según Torres, es una estrategia del Gobierno central para asfixiar económicamente a la provincia. «El Gobierno como acreedor no quiere cobrar y no habilita el canje de deuda porque quiere asfixiarnos reteniéndonos la coparticipación», afirmó el gobernador, delineando el panorama de presiones financieras que enfrenta su administración.
Frente a la contundente amenaza de interrupción del suministro energético por parte de Torres, el ministro del Interior, Guillermo Francos, ha respondido tajantemente, calificando la medida de «absolutamente ilegal». Francos subrayó que el gobernador de Chubut debe actuar conforme a la ley, marcando el terreno de un debate que trasciende lo económico para adentrarse en el ámbito legal y ético.
