El Sindicato de Prensa de Buenos Aires presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal a raíz de distintos hechos de violencia producidos en las últimas semanas contra trabajadores de medios públicos, tanto durante coberturas periodísticas, como en lugares de trabajo y redes sociales.
«Desde el SiPreBA y la (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa) Fatpren estamos preocupados por la integridad física de nuestros compañeros de medios públicos como Télam, Radio Nacional y la Televisión Pública, que son agredidos en distintas coberturas así como en la puerta de sus lugares de trabajo y en redes sociales», manifestó hoy en diálogo con esta agencia el secretario general del SiPreBA, Agustín Lecchi.
Para Lecchi, las distintas agresiones contra trabajadores de prensa forman parte «de un contexto donde desde algunos lugares políticos e inclusive dirigentes que van a ocupar cargos institucionales muy importantes han hecho declaraciones que generan un clima de violencia que pone en riesgo la integridad de nuestros compañeros».
El secretario general del SiPreBA alertó que ante estas situaciones de violencia lo que también se pone en riesgo es «la libertad de expresión y la posibilidad de poder realizar el trabajo periodístico con las condiciones y garantías necesarias».
«Por eso hicimos una denuncia el lunes pasado ante el Ministerio Público Fiscal y esperamos que las autoridades tomen cartas en el asunto para que se pueda frenar esta situación que no es buena para nadie y mucho menos para quienes trabajamos en el ámbito periodístico, no sólo en el sector público sino también en el privado, generando un pésimo clima para desarrollar nuestra tarea», explicó Lecchi.
En el texto de la denuncia penal a la que tuvo acceso Télam se esgrimió que ante esta «serie de agresiones y amenazas» a trabajadores de prensa, «especialmente de los medios públicos», se pone en riesgo «su integridad física, su libertad para trabajar y a su vez, por las características de su trabajo, la libertad de expresión y el derecho a la información».
Entre los hechos denunciados, se citó la amenaza que sufrieron el pasado 21 de noviembre tres trabajadores de Radio Nacional cuando salían de la emisora y una persona, «exhibiendo amenazadoramente un ladrillo, los increpó y les gritó ‘Ahora que ganó Milei, a todos los peronchos, a todos los K, los vamos a matar'».
Al día siguiente, una trabajadora de esta agencia que se encontraba en la puerta de una de las sedes de Télam conversando con un empleado de la empresa privada de seguridad del edificio, fue amenazada por una persona que los interrumpió, insultó y gritó «van a tener que buscar laburo… van a desaparecer».
Otro de los hechos denunciados ante el Ministerio Público Fiscal se produjo el viernes pasado en el frente de otra de las sedes de Télam en el centro porteño, donde aparecieron carteles con la frase «La pauta está en peligro. Periodistas ladrones, vayan actualizando el CV».
También se realizaron grafitis con leyendas similares en carteles de publicidad de la vía pública en las inmediaciones tanto de Télam como de la Televisión Pública.
Asimismo, el lunes pasado durante la avant premiere de «Muchachos, la película de la gente», una persona filmó y le sacó fotos al equipo de cobertura de la Televisión Pública y les dijo «en unos meses ustedes no existen más», situación sufrida también por cronistas de esta agencia en las últimas semanas.
Además, se denunció que «durante las vigilias de cobertura en el Hotel Libertador, los equipos de la Televisión Pública son sistemáticamente filmados y fotografiados por personas no identificadas dentro de las instalaciones del lugar», entre otros hechos.
«Todo ello se da en un contexto en el que líderes políticos con responsabilidades institucionales hablan de los periodistas como ‘ensobrados’ y otros epítetos, lo que genera un clima de violencia que no colabora con el trabajo periodístico ni permite abordar los conflictos de manera democrática», se argumentó en el texto de la denuncia.
El SiPreBA, en cumplimiento de su mandato gremial, solicitó a la Justicia que «se investiguen los hechos, se identifique a sus responsables y se los sancione conforme a derecho».
