La Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (CAPECA) informó que, desde hace años, y en reiteradas oportunidades, los afiliados a esta cámara empresaria con plantas de procesamiento, frigoríficos y buques radicados en la localidad de Puerto Deseado, «sufren acciones directas contra sus patrimonios, su normal funcionamiento, que atentan contra la totalidad de las empresas afiliadas a nuestra cámara, y por ende contra nuestra comunidad».
En el mismo tono, la Cámara indico que «en esta oportunidad, el accionar del gremio de estibadores en Puerto Deseado Santa Cruz (Sindicato Unido de Estibadores Portuarios Patagónicos -S.U.E.P.P) ha impedido que se carguen al buque mercante los contenedores con las distintas producciones y, de esta forma, se perdió la posibilidad de exportar en tiempo y forma. Asimismo la compañía naviera ha decidido que el buque mercante se vaya del puerto y continue su viaje sin poder cargar los contenedores de la pesca. Como prueba irrefutable de esto, contamos con los emails de las empresas que aseguran que dicho sindicato no cumple con su labor. Esto nos genera un perjuicio enorme para nuestra actividad: no se puede cumplir con las ventas, facturar y, por consiguiente, tampoco cobrar ni cumplir con los compromisos pactados con anterioridad», advirtieron.
«La ilícita y arbitraria forma de proceder del S.U.E.P.P muestra un total desprecio por las empresas que invierten, operan y emplean gente en la localidad, generando una inseguridad jurídica alarmante sumado al aumento de costos operativos, daños y perjuicios sobre la mercadería en tránsito e innumerables pérdidas para la empresa», agregaron.
En el comunicado, la Cámara afirmó que «toda esta permanente forma de operar atenta no solo con nuestra actividad, sino que también con el normal desarrollo de la comunidad de Puerto Deseado, sus habitantes y el comercio local, al no poder exportar, y por consiguiente también impedir la liquidación de divisas por exportaciones que tanto necesita nuestro país.
Por todo ello es que ponemos en conocimiento de la opinión pública la situación de inseguridad jurídica y falta de competitividad del Puerto de Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz, y solicitamos la urgente intervención de las autoridades locales para ordenar el conflicto, con un cese inmediato de amenazas e intentos de impedir las descargas, cargas y consolidación de contenedores a su cauce normal y habitual», subrayaron.
Finalmente recordaron que «la comunidad pesquera de Puerto Deseado necesita imperiosamente que se cumplan con las normas mínimas de convivencia, respeto a ley y a la libertad de trabajar e invertir»
