En medio de la batalla judicial internacional por la expropiación de YPF, el Gobierno argentino presentó un pedido formal ante la Justicia de Estados Unidos para suspender el proceso de discovery que había ordenado el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. La movida apunta a frenar la avanzada de Burford Capital, la firma británica que reclama el pago de USD 16.000 millones más intereses.
La presentación se realizó durante la madrugada de este miércoles ante el juzgado que encabeza la jueza Loretta Preska. La estrategia del gobierno busca ponerle un límite a la ofensiva que impulsan los demandantes para presionar el cobro de la millonaria sentencia.
“El hostigamiento sistemático contra un Estado soberano y aliado de los Estados Unidos, mediante pedidos de discovery intrusivos y desproporcionados, afecta de manera directa a la soberanía argentina y a las relaciones internacionales”, sostuvieron desde la Procuración del Tesoro de la Nación. El Gobierno considera que los reclamos de Burford Capital exceden el marco judicial y buscan entorpecer el funcionamiento del Estado.
El reclamo por las reservas de oro y la respuesta argentina
En las últimas semanas, la tensión escaló cuando la empresa litigante pidió no solo la moción de desacato, sino también información detallada sobre la ubicación de las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
La Procuración del Tesoro se negó a entregar esos datos y respondió que las reservas “son propiedad del Banco Central” y “resultan protegidas por la inmunidad de ejecución, es decir, constituyen activos no ejecutables, por lo que cualquier requerimiento de información al respecto resulta manifiestamente improcedente”.
A pesar de que el Gobierno envió una solicitud para acceder a la información requerida, advirtió que la decisión final depende del BCRA. Además, reiteró que “la Argentina siguió plenamente con el proceso de discovery ordenado en esta causa”.
Según el CEO de Latam Advisors, Sebastián Maril, también se rechazó el pedido para que el ministro de Economía, Luis Caputo, se presente a declarar sobre la ubicación y uso de las reservas de oro nacionales.
Desde la Procuración del Tesoro remarcaron que “el Estado argentino realizó un esfuerzo extraordinario para entregar toda la información razonablemente relevante, con un volumen de producción sin precedentes”. Sin embargo, Burford Capital insistió en que faltan datos, especialmente las conversaciones privadas de funcionarios actuales y de la gestión anterior.
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Acusaciones cruzadas y una audiencia clave
La empresa británica utilizó esos supuestos faltantes como argumento para pedir que la Argentina sea declarada en desacato. Frente a esto, el Gobierno denunció que los demandantes intensificaron sus reclamos con pedidos “cada vez más jurídicamente inaceptables, invasivos, costosos y completamente ajenos al objeto del proceso”.
Por eso, los abogados argentinos acusaron a Burford Capital de transformar el discovery en una herramienta de presión política y judicial. “El discovery impulsado se ha desnaturalizado y transformado en una herramienta de hostigamiento, destinada a entorpecer el normal funcionamiento del Estado argentino”, afirmaron.
En la misma línea, la Procuración del Tesoro denunció que la contraparte manifestó “de forma explícita su objetivo de ‘poner arena en los engranajes’ de la recuperación económica de la Argentina”. Por eso, calificaron esa actitud como “inaceptable jurídica y moralmente”, y señalaron que el único fin sería adelantar el pago de la cifra millonaria, aunque el proceso todavía está bajo revisión.
Qué puede pasar en la próxima audiencia
Mañana se realizará una audiencia clave entre ambas partes, donde el Gobierno argentino buscará defender su postura ante la jueza Preska y evitar que siga dando lugar a los pedidos de la firma británica.
Los beneficiados con el primer fallo tendrán la posibilidad de hacer un nuevo descargo el 19 de febrero. Según fuentes oficiales, no descartan que surjan nuevas aristas en el caso, que podrían tratarse hacia finales de marzo.
La Procuración del Tesoro reafirmó su compromiso de “continuar ejerciendo todas las herramientas legales a su alcance, en todas las instancias judiciales disponibles, para proteger su soberanía, defender el Estado de Derecho y poner freno a pedidos ilegítimos que vulneran sus leyes, su Constitución y los principios básicos del derecho internacional”.
