Uruguay podría aprobar pronto una ley histórica para despenalizar la eutanasia, conocida como «Ley de Muerte Digna». El Senado está debatiendo el proyecto, que ya pasó en la Cámara de Diputados en agosto con apoyo de varios partidos. Si se aprueba, Uruguay se uniría a un pequeño grupo de países que permiten esta práctica.
El debate cruza fronteras políticas y emocionales. En el Partido Nacional y el Partido Colorado hay divisiones. Por ejemplo, la senadora Graciela Bianchi y el legislador Andrés Ojeda han anunciado que votarán a favor. Además, el senador Robert Silva pidió licencia para que su suplente, Ope Pasquet —un gran defensor del proyecto— ocupe su lugar. Silva dijo: «Después de tanto luchar, será parte», lo que muestra el peso emocional del tema.
Un testimonio que impactó el debate es el de Beatriz Gelós, una profesora de 71 años con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) desde hace 19 años. Gelós, que lucha con limitaciones diarias y dolor constante, apoya la ley. En una entrevista con la agencia AFP, expresó: «Me daría una paz impresionante. Es una ley de compasión, humana y bien redactada». Su historia resalta cómo esta ley podría ayudar a personas con enfermedades incurables.
En el mundo, Uruguay seguiría el ejemplo de países como Canadá, Colombia, Países Bajos, Nueva Zelanda y España. En Colombia, la eutanasia se despenalizó en 1997 por decisión de la Corte Constitucional, y en 2023 se realizaron unas 270 eutanasias, un aumento del 50% respecto al año anterior.
El proyecto divide opiniones. Organizaciones como Empatía Uruguay y Tenemos ELA lo apoyan, argumentando que garantiza el derecho a una muerte digna y permite a las personas decidir sobre su sufrimiento. Una encuesta de la Consultora Cifra en mayo mostró que el 62% de los uruguayos está a favor, mientras solo el 24% se opone. El Colegio Médico no tomó una posición oficial, pero asesoró para asegurar protecciones para pacientes y doctores.
Por otro lado, grupos como Prudencia Uruguay y la Iglesia Católica rechazan la ley, citando riesgos éticos y morales. Más de una docena de organizaciones la consideran «deficiente y peligrosa». Los defensores resaltan que Uruguay tiene una tradición de leyes progresistas, como la regulación del cannabis, el matrimonio igualitario y el aborto.
El procedimiento para la eutanasia es estricto: solo aplica a adultos con pleno uso de sus facultades, que sufran enfermedades crónicas, incurables o irreversibles que afecten gravemente su calidad de vida. Involucra ocho pasos, comenzando con una solicitud personal al médico. Un segundo médico independiente debe confirmar, seguido de entrevistas para verificar la voluntad del paciente. Solo entonces se procede, asegurando una muerte indolora y respetuosa.
Si el Senado aprueba la ley, Uruguay avanzaría en derechos humanos, pero el debate refleja tensiones profundas en la sociedad.
