La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York suspendió por tiempo indeterminado la orden de una jueza estadounidense, Loretta Preska, que instó a Argentina a entregar el 51 por ciento de las acciones de la petrolera estatal YPF a fondos buitre.
«El Tribunal concede una suspensión administrativa temporal de la orden de transferencia del Tribunal de Distrito a la espera de la resolución de la solicitud de suspensión por un panel de tres jueces», informó la secretaria de la Corte, Catherine O»Hagan Wolfe, en un escrito dado a conocer este martes.
La resolución de la Corte de Apelaciones, de carácter administrativa, fue solicitada tanto por el Estado argentino como por los fondos buitre que encabezan el litigio.
Se le denomina «fondo buitre» a aquellos fondos de capital de riesgo que invierten en deuda pública de una entidad que se considera cerca de la quiebra.
Como parte apelante, Argentina había solicitado la suspensión del fallo emitido el 30 de junio por Preska, jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, con el que instó a la nación sudamericana a transferir el 51 por ciento de las acciones a los fondos de inversión que compraron los derechos de litigio.
La jueza de Nueva York tramitó en 2012 un juicio contra Argentina por la expropiación de YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) que concluyó en septiembre de 2023 con un fallo que obligaba al Estado sudamericano a pagar 16.100 millones de dólares a los fondos buitre que presentaron la demanda, y que encabezan Burford Capital y Eton Park.
Aun sin sentencia firme, la magistrada decidió el 30 de junio que esos fondos de inversión, junto con Bainbridge, fueran compensados con el 51 por ciento de las acciones de YPF en un plazo de 14 días.
Los beneficiarios del fallo se opusieron a la solicitud de Argentina de suspender la sentencia de la jueza durante el proceso de apelación, «pero no se oponen a la implementación de una suspensión administrativa temporal que permita una presentación ordenada de los escritos y la consideración del pedido de suspensión», refirió la Corte de Apelaciones.
Los fondos de inversión que iniciaron esta demanda presentarán antes de este jueves un escrito en el que se opondrán al pedido de suspensión del fallo que ordena la entrega de los títulos de YPF; la réplica de la nación sudamericana tendrá que ser enviada antes del 22 de julio.
A partir de entonces, la Corte de Apelaciones podrá pronunciarse sobre el fallo de la jueza de Nueva York.
Bainbridge, junto con Burford y Eton Park, habían pedido a la Corte de Distrito que obligase al país sudamericano a trasladar las acciones de YPF al Estado de Nueva York, a fin de lograr su venta forzada y recibir los fondos conseguidos para cumplir con las sentencias.
Pero el Departamento de Justicia estadounidense alegó, en noviembre de 2024, que la propiedad de un país soberano ubicada fuera de Estados Unidos goza de inmunidad absoluta.
CONTEXTO DE EXPROPIACIÓN
El Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) expropió en abril de 2012 el 51 por ciento de las acciones de YPF, controladas en entonces por la petrolera española Repsol, y pagó por ello 5.000 millones de dólares.
En abril de 2015, comenzaron el litigio las empresas españolas Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, creadas por una familia argentina (Eskenazi) que controlaba el 25 por ciento de las acciones de YPF en 2008, cuando su socio mayoritario era Repsol.
Tras la quiebra de la familia Eskenazi, Burford Capital ingresó en el proceso de liquidación de las compañías en España para conseguir los derechos de demanda e impulsar el juicio en la Corte de Nueva York, bajo la presunción de que el Estado tendría que haber lanzado una oferta pública de adquisición por el 49 por ciento de las acciones restantes, según el estatuto de la empresa.
Burford pagó 17 millones de dólares por los derechos de litigo de la familia Eskenazi, según medios locales, y al mes siguiente dio curso a la demanda. (Sputnik)
