El mandatario provincial confirmó la incorporación de la provincia a la norma, reglamentada por la Agencia de Control y Recaudación Aduanera (ARCA), que obliga a las grandes empresas a discriminar en sus facturas el IVA y otros impuestos nacionales indirectos que inciden en los precios que pagan los consumidores finales. En el mismo sentido, resaltó que la adhesión al régimen incrementará la posibilidad de nuevas inversiones privadas, ratificando «el compromiso de la gestión con la transparencia fiscal hacia el contribuyente».
Chubut es una de las tres primeras provincias en incorporarse a dicho marco normativo, el cual «tiene que ver con los principales pilares de nuestra gestión, que son la calidad institucional y la transparencia hacia el contribuyente», según expresó el titular del Ejecutivo provincial.
*Calidad institucional*
Al respecto, Torres explicó que «la transparencia fiscal a la que apuntamos en Chubut tiene que ver no solamente con gobernar con los números sobre la mesa, sino también con que el contribuyente pueda saber qué se hace con su dinero, y cuáles son los impuestos que paga; en este caso, hablamos de la discriminación de los impuestos nacionales en la factura de cualquier compra que realice, por ejemplo, en un supermercado o en una estación de servicio, para entender cuánto es lo que recibe quien provee el servicio y cuánta carga impositiva se lleva el Estado Nacional».
En este sentido, desde el Gobierno Provincial recordaron que uno de los capítulos de la Ley de Bases consiste en un régimen promovido por la Asociación Civil Lógica, que es la entidad de transparencia fiscal más importante de la Argentina, y una vez que la normativa se aprobó en la Cámara Alta, dicho régimen automáticamente se convirtió en ley, con la posibilidad de que las provincias adhieran. Al respecto, Torres detalló que «Chubut fue la primera provincia que respondió las consultas enviadas por la Asociación Civil Lógica a cada una de las jurisdicciones del país, y ello tiene que ver con los principales pilares de nuestra gestión, que son la calidad institucional y la transparencia hacia el contribuyente, por lo que adherimos al régimen».
*Promoción de las inversiones*
Asimismo, el mandatario provincial puso en valor «la actividad de la Asociación Civil en la búsqueda de transparencia al contribuyente» y señaló que «nuestra provincia fue la primera en adherir, ratificando el compromiso de la gestión con la transparencia fiscal, promoviendo la calidad institucional de cara al contribuyente, y de cara a los inversores».
En la nota rubricada por el Gobernador y remitida a la Asociación Civil Lógica, confirmando la adhesión de Chubut al Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, el titular del Ejecutivo resaltó que la provincia «no solamente llevará adelante la adhesión al referido régimen legal, sino que además seremos activos partícipes en el trabajo diario de unificar la tributación local y dotar al ciudadano de todas las herramientas posibles que hacen a los derechos del contribuyente».
Asimismo, el mandatario ratificó el trabajo continuo realizado por el Gobierno de Chubut «para el desendeudamiento económico local, promoviendo activamente el equilibrio de las finanzas públicas» y agregando que «dicha trazabilidad de orden tributario importa la más transparente señal de calidad institucional de cara a la promoción de nuevas inversiones privadas».
*»Un país más transparente»*
En su respuesta, la Asociación Civil Lógica destacó la figura del mandatario y calificó el posicionamiento de la provincia como «fundamental para avanzar en un país más transparente, principalmente de cara a la ciudadanía».
En el artículo 99 de la Ley 27.743, también conocida como la “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” (BO 08/07/2024), se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a “dictar las respectivas normas para que los consumidores finales tengan conocimiento de la incidencia del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y de los respectivos tributos municipales que tienen incidencia en la formación de los precios de los bienes, locaciones y prestaciones de servicios”.
En el mismo sentido, el artículo 42 de la Constitución Nacional dispone que los consumidores tienen derecho a recibir “información adecuada y veraz” y “educación para el consumo”.
