El oficialismo necesito una vez más el voto desempate, está vez del propio vice intendente, Maximiliano Sampaoli para aprobar la adhesión a la Ley Provincial de emergencia económica, financiera y administrativa.
La sesión extraordinaria había sido convocada por el Ejecutivo municipal para tratar tres proyectos de índole económica vinculados entre sí, de alto impacto financiero para el municipio: la compensación y ampliación del Presupuesto General de Recursos y Gastos 2026; la adhesión a la ley provincial de emergencia económica, financiera y administrativa; y un régimen de facilidades de pago para los contribuyentes.
El debate más áspero se produjo alrededor de la emergencia, que vale aclarar no es otra cosa que la adhesión a una ley impulsada por el gobierno provincial, aunque en el caso local se acota a los próximos 60 días. Allí volvieron a confrontar dos miradas sobre la situación de las cuentas públicas. El bloque ACH defendió la necesidad de otorgar herramientas al Ejecutivo para enfrentar un escenario condicionado por el creciente costo de servicios esenciales, particularmente el transporte público y la recolección de residuos. Desde la oposición, en cambio, se cuestionó la amplitud de las facultades concedidas y se insistió en preservar el control legislativo sobre el movimiento y destino de los recursos.
También atravesó las intervenciones el debate sobre los fondos provenientes de la actividad hidrocarburífera, la necesidad de preservar su finalidad y el reclamo para que la intendencia no deje de gestionar y Provincia asuma una mayor participación en el financiamiento del transporte público.
Cuando llegó el momento de votar, el escenario político quedó reflejado de manera descarnada: “seis votos afirmativos y seis negativos”, dando lugar al dato político de la jornada: Maximiliano Sampaoli, presidente del Concejo Deliberante, terminó definiendo la aprobación de la emergencia.
Alivio fiscal por unanimidad
La sesión también mostró que esa fragmentación no significa necesariamente bloqueo. El proyecto para establecer un régimen de facilidades de pago para contribuyentes logró unanimidad, reuniendo al conjunto de los espacios alrededor de la necesidad de generar facilidades para que contribuyentes regularicen deudas municipales y, simultáneamente, fortalecer la recaudación.
La compensación y ampliación presupuestaria volvió a dividir aguas. El proyecto enviado por el Ejecutivo planteaba la necesidad de adecuar un presupuesto que quedó condicionado por el incremento de los costos y por el peso creciente de servicios esenciales. El proyecto incorpora alrededor de $25 mil millones, con una fuerte concentración de recursos en transporte y recolección de residuos. Sobre este eje, la oposición volvió a reclamar mayores controles sobre la disponibilidad de esos fondos, mientras el oficialismo sostuvo que la coyuntura exige capacidad de respuesta y flexibilidad administrativa
