Argentina planteó este martes ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar sus objeciones a que Reino Unido pueda conceder permisos para extraer recursos hidrocarburíferos en las islas Malvinas, ocupadas por Londres desde 1833 y cuya soberanía reclama la nación sudamericana, por ser procedimientos que no tienen vuelta atrás.
«Argentina solicita al tribunal que impida un hecho consumado irreversible», señaló el consejero legal del Ministerio de Relaciones Exteriores, el embajador Mario Oyarzábal, durante su exposición ante este tribunal con sede en la ciudad alemana de Hamburgo.
En el inicio del alegato argentino ante esta corte internacional, el embajador reclamó cuatro medidas provisionales que impidan la explotación de recursos en la cuenca Malvinas Norte, en el marco del proyecto «Sea Lion» («León Marino») que lidera la petrolera israelí Navitas y que acompaña la británica Rockhopper.
«Lo que está en juego no puede ser restituido. Los hidrocarburos son recursos no renovables y su extracción es definitiva», advirtió Oyarzábal en la apertura de la vista oral ante el tribunal.
Como primera medida, la nación sudamericana planteó la necesidad de que Reino Unido impida el inicio o continuación de la explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina, donde se encuentran las islas Malvinas.
En segundo lugar, Oyarzábal reclamó que Londres «se abstenga de utilizar la información obtenida en la exploración de las áreas marítimas en disputa en detrimento de los derechos de Argentina».
A su vez, el Gobierno argentino solicitó que se deje de impedir que el país cumpla sus obligaciones en virtud de los art. 192 y 194 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), un tratado internacional que regula los derechos y obligaciones de los Estados en mares y océanos.
Por último, el embajador argentino solicitó que Reino Unido «se abstenga de adoptar cualquier medida que pueda agravar la controversia, en particular, el otorgamiento de nuevos permisos de exploración».
Estas cuatro medidas provisionales que planteó Argentina ante el tribunal preservan los derechos del país «en virtud del derecho del mar hasta que el tribunal arbitral se constituya y esté en condiciones de actuar».
Durante su exposición, el consejero legal de la Cancillería observó que ninguna de estas concesiones supone un prejuzgamiento sobre la disputa de soberanía existente en torno al archipiélago ni sobre el fondo de arbitraje.
«Si el tribunal no actúa, la perforación comenzará en la plataforma continental en disputa en los próximos meses, lo que abrirá el camino a la primera producción de hidrocarburos en la zona», advirtió Oyarzábal.
De concretarse este avance que Argentina intenta impedir, «se cruzará un umbral: de la exploración a la perforación para la extracción de un recurso finito», remarcó el embajador.
«Ese paso no puede repetirse: ése es precisamente el tipo de modificación unilateral que la Asamblea General (de Naciones Unidas) instó a las dos partes a evitar», señaló en una alusión a la Resolución 31/49 que instó a ambos países a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación mientras perdure la controversia de soberanía.
Para adelantarse a una posible negativa de Londres a conversar, el representante argentino indicó que «existe además una cuestión de principios», pues «un Estado no puede negarse a negociar mientras explota los recursos en disputa que se encuentran bajo su control de facto».
«Permitírselo equivaldría a premiar esa negativa; eso es tanto más así en cuanto las islas están sujetas a un proceso de descolonización supervisado por Naciones Unidas», precisó Oyarzábal.
Al dar cuenta de los antecedentes de la controversia, los derechos argentinos que se verían vulnerados y el alcance de las medidas provisionales solicitadas, el embajador recordó el acuerdo de cooperación que firmaron Londres y Buenos Aires en 1995 para desarrollar actividades marítimas en el Atlántico Suroccidental.
«Hacen falta dos para bailar un tango, pero el Reino Unido prefiere bailar solo», lamentó el funcionario en una jornada que continuará con el alegato de Londres ante el tribunal.
Argentina comenzó este proceso el 28 de septiembre, cuando se amparó en el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convemar y otorgó dos semanas de plazo al Reino Unido para que interrumpiera cualquier proyecto de exploración de petróleo en las Islas Malvinas, bajo la advertencia de que recurriría al tribunal, hecho que concretó pasado ese lapso.
La segunda ronda de alegatos se celebrará este miércoles, con una primera intervención de Argentina que seguirá a otra de Reino Unido.
A partir del reclamo soberano de Buenos Aires sobre las islas Malvinas, la dictadura que gobernó Argentina entre 1976 y 1983 intentó recuperarlas en abril de 1982 por medio de una guerra que culminó el 14 de junio con la derrota de la nación sudamericana y que dejó un saldo de 649 argentinos y 255 británicos muertos.
Buenos Aires y Londres restablecieron sus relaciones diplomáticas en febrero de 1990, durante la administración del entonces presidente Carlos Menem (1989-1999). (Sputnik)
