El director del establecimiento y empleado municipal que facturaba la supuesta venta de alimentos, enfrentarán un juicio oral al que llegarán acusados de montar un esquema sistemático de facturación falsa y cobro irregular de cheques para desviar fondos públicos destinados a la alimentación de los alumnos entre mayo de 2023 y septiembre de 2024.
La acusación pública, llevada adelante por la Fiscal General María Bottini y el funcionario de Fiscalía Julián Forti, sostiene que ambos imputados habrían integrado un esquema de sustracción continua de partidas presupuestarias provinciales destinadas a la merienda de los estudiantes.
El esquema: facturas apócrifas y cobros por ventanilla
La acusación detalla al menos 31 hechos que habrían sido perpetrados durante un período de 16 meses, comprendido entre mayo de 2023 y septiembre de 2024.
La investigación se originó a partir de una denuncia formal presentada el 21 de noviembre de 2024 por la delegada administrativa del Ministerio de Educación en la Región III. La investigación posterior reveló una maniobra repetitiva que vulneraba tanto la Resolución 1745 (Reglamento General de Escuelas) como la Resolución 818/96 del Ministerio de Educación, normativa que exige expresamente que los cheques se emitan a nombre del proveedor del servicio.
Según la fiscalía, la operativa constaba de cuatro pasos principales:
Emisión de comprobantes sin respaldo real: el particular, inscripto en la agencia de recaudación (ARCA) bajo el rubro de prestación de servicios y no de venta de alimentos, emitía facturas falsas. En múltiples ocasiones, estos comprobantes poseían fechas posteriores al cobro efectivo del dinero. Pero además, al tratarse de un empleado municipal, no puede ser proveedor del Estado.
Cobro directo: el director, en su carácter de máxima autoridad escolar, concurría a la sucursal del Banco del Chubut en Corcovado para cobrar personalmente los cheques por ventanilla en lugar de transferir o entregar los valores a los proveedores.
Adulteración de libros contables: Para ocultar las extracciones, el director asentaba falsamente en el «Libro Banco» de la institución que los pagos estaban destinados a comercios o proveedores legítimos de la zona. En uno de los asientos contables, incluso figuraba una supuesta compra realizada al propio «Ministerio de Educación».
Inexistencia de insumos: La mercadería declarada nunca ingresó a las instalaciones de la escuela. La Fiscalía detectó además compras inconsistentes con el menú escolar del establecimiento, tales como la facturación de «tapas de empanadas» o «20 kilos de pollo» para horarios correspondientes al refrigerio de la tarde.
Perjuicio y acusación
El Ministerio Público Fiscal fundamenta la acusación sosteniendo que la autoría del director y la participación necesaria del coimputado se encuentran acreditadas.
Perjuicio al patrimonio público: Existió una pérdida directa de caudales destinados al bienestar social y alimentario de la comunidad educativa.
Falsedad documental: Se alteraron de forma consciente los registros del Libro Banco y se emplearon facturas con contenido falso para encubrir la salida del dinero.
Incumplimiento de funciones: El directivo actuó con discrecionalidad sobre partidas públicas, omitiendo los mecanismos de rendición de cuentas e imponiendo un manejo al margen de los controles contables vigentes.
Por ser funcionario público uno de los imputados, el debate deberá realizarse ante un tribunal mixto. Próximamente se fijará fecha y la composición del tribunal.
