La Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Derecho Animal (UFE AyDA) sostuvo en su alegato final ante la jueza Eve Ponce, que Carlos Rivas transformó deliberadamente un alimento en un cebo altamente tóxico para asegurar la ingestión de carbofurán por parte de tres perros, hecho que derivó en su muerte.
La fiscalía reconstruyó el hecho ocurrido el 1 de marzo de 2025, alrededor de las 21:40, en un baldío lindero al lote de Alan Martini, en calle Los Tamariscos, barrio La Isla. Según la acusación, Rivas arrojó allí embutidos preparados con carbofurán y carbofurán fenol, sustancias de acción directa sobre el sistema nervioso.
Para acreditar la autoría, la fiscalía presentó registros de cámaras públicas y privadas que mostraron el ingreso del vehículo del imputado al barrio y su posterior presencia en el lugar y horario del hecho. A esto sumó informes de análisis de antenas telefónicas, la reconstrucción del recorrido de Rivas y los testimonios de Alan Martini, Paula Fusenecco y Mauro Díaz.
Sobre la prueba toxicológica, la fiscalía remarcó que el carbofurán fue detectado tanto en el embutido utilizado como cebo como en el contenido gástrico y las muestras de sangre de Samy, Lupe y Manija. Citó además el informe del SENASA, que calificó la concentración hallada como masiva y compatible con una contaminación intencional, y recordó que la sustancia está prohibida en el país desde 2018.
Como argumento central, la fiscalía expuso los valores medidos: 276,02 mg de carbofurán en el embutido y 39,25 mg en una muestra de hisopo de Manija, concentraciones que —según la especialista en Toxicología del Hospital Posadas— superaban en aproximadamente 20 veces la dosis letal media. Sobre esa base, sostuvo que la elevada concentración no pudo ser producto del azar, sino que fue colocada de manera intencional.
La fiscalía incorporó también la pericia veterinaria, que describió el cuadro clínico de la intoxicación —salivación excesiva, diarrea, hemorragia gástrica, temblores musculares y pedaleo hasta la muerte— y subrayó que la vía oral de ingesta generó un intenso sufrimiento en los animales.
Con este cuadro probatorio, la UFE AyDA calificó los hechos como malos tratos y actos de crueldad animal, en concurso con la Ley 24051 normativa sobre uso y disposición de sustancias peligrosas. La fiscalía agregó que el uso del veneno en una zona urbana implicó, además, un riesgo para la salud pública, por la posibilidad de afectar a niños, vecinos y otros animales, y de contaminar suelo y agua por transferencia del toxico.
La conclusión del alegato sostiene que la concentración del tóxico, su presencia en los tres animales y en los cebos, junto con la prueba fílmica, testimonial y de geolocalización, acreditan una contaminación intencional directa atribuible a Carlos Rivas solicitando la declaración de responsabilidad. Solicitó una pena de 4 años.
Defensa
Por su parte, Pablo Sánchez, defensor del imputado, cuestionó la tarea de los acusadores. Dijo que la Fiscalía investigó una sola línea “como un caballo de carrera con anteojeras”. Entre esos aspectos no investigados destacó que no se investigó quién compró.
Cuestionó que no está probado que lo arrojado por Rivas sea una riestra de chorizos. “Es solo una presunción, un indicio, que no alcanza para determinar la autoría en este caso”, expresó Sánchez. También destacó “la coherencia entre los dichos de Rivas y los testigos aportados en el debate por la defensa” y la predisposición del imputado para con las víctimas inmediatamente de realizada la denuncia en su contra.
Expresó que “la misma cámara que registró a Rivas, llamativamente no detectó a los perros comiendo los chorizos y al propietario buscando los chorizos. ¿Esto no le llamó la atención a la Fiscalía al momento de investigar?”, se preguntó el defensor de Rivas.
“No hay certeza positiva sobre dónde, ni cuando, ni cómo los perros ingirieron el cebo con el veneno”, destacó.
Otro aspecto que destacó fue el de la inexistencia de conflictos entre Rivas y los vecinos del predio, incluidos los propietarios de los tres perros. Concluyó en solicitar la absolución para Rivas.
En su contrarréplica la fiscal jefe de la UFEAYDA Florencia Gómez y el querellante Romano Cominetti, avalaron detalles de la investigación cuestionando afirmaciones del defensor Sánchez.
El querellante
Para el querellante Romano Cominetti que representa al propietario de los animales, quedó probado que Carlos Rivas fue quien arrojó los chorizos con el veneno que terminó con la vida de los perros. Adhirió a las pruebas destacadas por la fiscal Jefe Florencia Gómez respecto de la misma teoría acusadora, sobre la materialidad de los hechos en el sentido de que “no caben dudas” que los perros murieron como consecuencia del veneno empleado. Pidió un pena de 5 años.
Destacó los testimonios de los profesionales respecto del momento en que ingirieron los chorizos con el veneno, con el momento en que Rivas fue filmado por cámaras de seguridad en cercanías del alambrado. El querellante se encargó además de destacar acerca de los riesgos para cualquier especie -incluida la vida humana- que posee, de manera potencial, el carbofurán utilizado.
Respecto de la autoría y las pruebas reunidas, Cominetti calificó como “argumentos de fantasía” los dichos de Rivas al momento de declarar voluntariamente ante la jueza Eve Ponce.
Afirmó que “es necesario aplicar la lógica” respecto de las pruebas existentes, entre las que destacó la filmación exhibida en el debate donde se observa a Rivas con una bolsa presuntamente arrojando elementos hacia el interior del predio. También manifestó que el relato del imputado respecto de que estaba arreglando mangueras de agua, se trató de solo una excusa para evadir su responsabilidad. Afirmó que las antenas telefónicas “ponen a Rivas en el lugar de los hechos” y que todas estas circunstancias “deben ser valoradas al momento de dictar sentencia”.
Alan Martini pidió que se sepa la verdad “a manera de ejemplo para mi hija” y que “no se minimice el hecho de que la víctima haya sido una mascota” a manera de mitigar “el dolor que se me ha causado a mí y a mi familiar”. Por su parte Rivas destacó una vez mas su inocencia en el hecho por el que fue imputado.
La jueza Eve Ponce se tomará el plazo de ley para dar a conocer su resolución respecto del veredicto, que se comunicará a las partes de manera virtual.
