El municipio confirmó que «promoverá una acción judicial» en reclamo al pasivo ambiental que YPF, tras más de 100 años de explotación, dejó en y a la ciudad
Junto con ello efectuará una presentación ante la Comisión Nacional de Valores, «por considerar que una controversia constitucional de semejante magnitud resulta objetivamente relevante para una empresa que participa del mercado de capitales argentino e internacional y que ha asumido compromisos públicos de sostenibilidad, transparencia y gobierno corporativo».
Carta Abierta
La confirmación de las presentaciones se realizó a través de una Carta Abierta del municipio a YPF, titulada «El futuro no puede construirse sin reparar el pasado, en la que primero se reseña la historia de la ciudad con la empresa, que » fueron prácticamente inseparables»
«Aquí nació la industria petrolera argentina.
Aquí miles de trabajadores construyeron una empresa que terminó convirtiéndose en uno de los mayores símbolos del desarrollo energético nacional», se recordó
«Pero esa misma historia tiene otra cara que ya no puede seguir siendo postergada.
Durante décadas, la explotación hidrocarburífera dejó dentro del ejido urbano pozos abandonados, antiguas instalaciones industriales, ductos, piletas, suelos afectados, restricciones al uso del territorio y numerosos pasivos ambientales cuya recomposición integral aún constituye una cuestión abierta.
No se trata de afirmaciones retóricas.
Se trata de hechos documentados durante años por expedientes administrativos, auditorías ambientales, inspecciones oficiales, estudios técnicos, planes de abandono, programas de remediación y actuaciones de organismos públicos.», se señaló
El pasivo y las acciones
«La propia documentación producida por la empresa demuestra que la cuestión ambiental nunca fue inexistente.
Por el contrario, evidencia que numerosos sitios continúan siendo objeto de monitoreo, evaluación, saneamiento o programas de intervención, lo que confirma que la problemática excede ampliamente hechos aislados y requiere una respuesta integral» , se acota.
«Frente a esa realidad, la Municipalidad no puede permanecer inmóvil.
Tiene el deber constitucional, legal y ético de actuar en defensa del ambiente, de la salud pública, del desarrollo urbano y de los derechos colectivos de toda la comunidad.
Por esa razón, en los próximos días promoverá una acción judicial destinada a que sea el Poder Judicial quien determine, mediante prueba científica independiente, si la obligación constitucional de recomposición ambiental ha sido efectivamente cumplida respecto de los pasivos ambientales existentes dentro del ejido urbano de Comodoro Rivadavia.», se adelantó
Ante la Comisión Nacional de Valores
El municipio también confirmó que, junto a la presentación judicial «pondrá estos antecedentes en conocimiento de la Comisión Nacional de Valores, por considerar que una controversia constitucional de semejante magnitud resulta objetivamente relevante para una empresa que participa del mercado de capitales argentino e internacional y que ha asumido compromisos públicos de sostenibilidad, transparencia y gobierno corporativo.
Esta decisión no constituye un acto de confrontación. Constituye el ejercicio responsable de las competencias que la Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia del Chubut y la Carta Orgánica Municipal confieren al Municipio», se destacó
Finalmente, en la Carta Abierta se dejó en claro que «el acuerdo celebrado entre YPF S.A. y la Provincia del Chubut no resuelve esta controversia.
La Municipalidad sostiene que dicho acuerdo no puede producir efectos respecto de derechos colectivos cuya tutela corresponde también al Municipio ni extinguir una obligación constitucional de orden público como es la recomposición del daño ambiental.
La Constitución Nacional no autoriza reemplazar la recomposición efectiva del ambiente por una compensación económica cuando subsisten dudas razonables acerca de la restauración integral de los sitios afectados.
La ciencia deberá decir cuál es la verdadera situación ambiental.
Y será la Justicia quien deba resolver, con independencia, imparcialidad y pleno respeto del debido proceso», se concluye.







