El Ministerio de Seguridad de la Nación dispuso cambios en el protocolo de actuación policial frente a amenazas de ataques en escuelas difundidas por redes sociales. La medida responde al incremento de ciberdelitos y publicaciones que involucran a estudiantes.
La Resolución 725/2026, publicada en el Boletín Oficial, establece como regla general que las fuerzas no podrán tratar datos sensibles de niñas, niños y adolescentes sin orden judicial. Sin embargo, incorpora excepciones que habilitan la continuidad del monitoreo cuando se detecten:
- Riesgo para la vida o integridad física de un menor.
- Situaciones de desamparo, fuga o sustracción del entorno familiar.
- Conductas autolesivas o suicidas, incluso sin certeza de inminencia.
- Delitos en curso en los que el menor sea víctima.
- Amenazas o planificación de ataques en escuelas u otros espacios públicos.
En estos casos, el personal policial deberá dejar constancia detallada de las razones que justificaron la intervención y comunicarlo de inmediato a la autoridad responsable.
El objetivo central es reforzar la prevención y respuesta ante hechos de violencia escolar, sin vulnerar las garantías de protección de datos personales.
