(Por InfoGEI) Los trabajadores de aplicaciones de delivery enfrentan una creciente espiral de endeudamiento con las propias plataformas para las que trabajan, según denunció el Sindicato de Trabajadores de Reparto de Plataformas (Sitrarepa).
La secretaria general del gremio, Belén D’Ambrosio, advirtió que las tasas de interés de estos préstamos pueden alcanzar el 700% anual y que son otorgados de manera selectiva a quienes dedican largas jornadas a la actividad. La mayoría de los créditos se destina a la compra o reparación de bicicletas o motos, vehículos imprescindibles para cumplir con los pedidos.
El fenómeno, que también alcanza a comercios adheridos a los servicios de delivery, responde a la falta de acceso de estos trabajadores al sistema bancario tradicional por carecer de scoring crediticio. Las empresas, por su parte, defienden estas líneas de financiamiento como una herramienta de inclusión financiera para un sector que no tiene lugar en las carpetas de los bancos.
El Banco Central abordó esta realidad en su último informe sobre entidades no bancarias, donde dedicó un apartado a la denominada «economía gig». Allí definió a estas plataformas como ecosistemas de servicios de corto plazo y destacó que la información financiera que acumulan los trabajadores —basada en métricas de desempeño como antigüedad, tasa de aceptación de viajes y calificación de usuarios— funciona como un esquema alternativo al scoring bancario para evaluar el riesgo crediticio.
Los números son contundentes: según el BCRA, la cantidad de deudores de este tipo creció un 122% en 2025, luego de haber saltado un 177% entre 2023 y 2024. A fines del año pasado, la deuda promedio por trabajador monotributista ascendía a $900.000, mientras que para los comercios adheridos el promedio era siete veces superior.
Los trabajadores independientes representan el 54% de los tomadores de créditos y concentran más del 62% del saldo otorgado. «Las plataformas están financiando a su propia base de trabajadores», concluyó el organismo.
En este contexto, Banco Galicia anunció un convenio con Rappi para ofrecer soluciones de pago y financiamiento a repartidores y comercios. Pedidos Ya, por su parte, informó que otorgó 57 mil créditos por 84 millones de dólares, el 54% de ellos a comercios, y explicó que las líneas para repartidores son a seis meses y no pueden superar el 30% de sus ingresos.
Piden regulación del Estado
Sin embargo, D’Ambrosio alertó que muchos compañeros «extienden su jornada laboral» para poder devolver los préstamos. «Trabajamos entre 10 y 12 horas solo para gastos fijos. La situación es de una dependencia muy grande hacia las empresas; estos préstamos deberían estar regulados por el Estado», reclamó.
Protección a los trabajadores
La dirigente también detalló que las comisiones que cobran los repartidores oscilan entre $1.500 y $3.000 por pedido, independientemente del valor de la compra, lo que agrava la presión sobre sus ingresos. El gremio insiste en la necesidad de una regulación estatal que ponga límites a estas prácticas y proteja a los trabajadores de un endeudamiento que se vuelve crónico. (InfoGEI)
