El Consejo Interuniversitario argentino (CIN) manifestó el lunes su inquietud por el desfinanciamiento de sectores determinantes del sistema de ciencia y tecnología, al advertir que está en riesgo la soberanía científica, tecnológica y productiva de este país sudamericano.
«El CIN expresa su profunda preocupación por el debilitamiento de organismos estratégicos del sistema científico y tecnológico nacional», señaló en un comunicado el lunes la institución que reúne a los rectores de las 61 universidades públicas y de otras 14 casas de estudio provinciales.
Las oficinas que ven comprometida sus capacidades son la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Todas estas entidades, que sufrieron un ajuste presupuestario por parte del Gobierno desde su asunción, en diciembre de 2023, «conforman un entramado público de producción de conocimiento, formación de recursos humanos, investigación, innovación y transferencia tecnológica que constituye uno de los principales activos estratégicos de la nación», sostuvo el CIN.
La CNEA, en concreto, ha perdido investigadores, profesionales y técnicos especializados, además de sufrir el desfinanciamiento y la parálisis de proyectos estratégicos como la Central Argentina de Elementos Modulares (Carem), consistente en la construcción de un reactor modular en el partido de Zárate, al norte de la provincia de Buenos Aires (este), puntualizó el organismo.
También fue suspendida la construcción del reactor multipropósito RA-10, lo que «pone en riesgo capacidades cuya construcción demandó décadas de inversión pública y que, una vez desarticuladas, resultan extremadamente difíciles de recuperar», advirtió el CIN.
Los recortes en el Conicet, en tanto, ponen en duda la continuidad de las trayectorias científicas y la incorporación de nuevos investigadores al sistema, de acuerdo al Consejo Interuniversitario Nacional.
Cientos de becarios doctorales y postdoctorales viven en la incerteza de si serán despedidos, mientras prosiguen las restricciones en los mecanismos de ingreso a la carrera del investigador científico, objetó la institución en su comunicado.
Esta coyuntura «genera interrupciones que afectan no solo a quienes desarrollan sus carreras académicas, sino también a los grupos de investigación, los institutos de doble dependencia y las universidades nacionales que sostienen buena parte de la producción científica del país», cuestionó el CIN.
La interrupción de la formación de los científicos, que es considerada una inversión estratégica del Estado, conlleva una pérdida de capacidades de difícil recuperación, además de contribuir a una desarticulación institucional que daña el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, planteó el órgano que agrupa a los rectores de las universidades públicas.
El INTI, organismo clave en la investigación aplicada, la innovación tecnológica, la meteorología, la certificación de calidad, y la transferencia de tecnología a sectores industriales, constituye una amalgama entre el conocimiento científico, las universidades y el sistema productivo, y su desfinanciamiento, con el consecuente impacto en sus capacidades técnicas y profesionales, afecta la competitividad de la industria argentina, lamentó el CIN.
También el INTA, conectado con el desarrollo agropecuario, la seguridad alimentaria, la innovación tecnológica y el desarrollo territorial, «ha sido históricamente un actor central en la investigación, la extensión rural y la transferencia tecnológica, promoviendo la productividad, la sostenibilidad ambiental, el fortalecimiento de las economías regionales y la incorporación de innovación en toda la cadena agroalimentaria», señaló la entidad.
En pos de preservar las capacidades y funcionamiento de esos cuatro organismos, el CIN encomendó al Gobierno de Javier Milei que fortalezca su estructura, asegure su financiamiento, y garantice la continuidad de las trayectorias de formación e investigación.
También en pugna por los recursos de las universidades públicas, el CIN obtuvo a finales de junio de la Corte Suprema una medida cautelar que obliga al Gobierno a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario sancionada y ratificada por el Congreso, ante un veto presidencial.
Los fondos destinados a ciencia y tecnología cayeron desde el inicio de la actual gestión 50,8 por ciento en términos reales, lo que lleva a que el sector, con un financiamiento total equivalente al 0,14 por ciento del producto interior bruto, esté en un mínimo absoluto en la serie histórica iniciada en 1972, de acuerdo a un informe del Grupo Economía, Política y Ciencia (EPC) y del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti). (Sputnik)
