El Consejo Universitario Nacional de Argentina (CIN), que reúne a los rectores de las universidades públicas del país, aceptó el aumento salarial concedido por el Gobierno pero advirtió que continuará su reclamo en la justicia para que el Ejecutivo cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario sancionada y ratificada por el Congreso.
«Esta actualización salarial y presupuestaria es un paso importante pero de ninguna manera definitorio ni suficiente», indicó el miércoles en un comunicado el organismo, que agrupa a los rectores de las 61 universidades públicas y de otras 14 casas de estudio provinciales.
La institución, que espera que la Corte Suprema resuelva sobre el destino de la normativa que garantizaría el funcionamiento de las instituciones terciarias superiores, informó que los sindicatos docentes y no docentes dieron su aval al aumento salarial dispuesto por la actual gestión tras más de dos años de conflicto.
El acuerdo suscrito entre el Gobierno y las universidades acepta un aumento en los salarios de 24,33 por ciento entre junio y octubre de este año, mientras prosigue en la justicia una demanda en torno a la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso en agosto de 2025 y ratificada dos meses después frente a un veto del presidente, Javier Milei.
La recomposición salarial tendrá un primer incremento de 21,33 por ciento en junio sobre los sueldos de mayo, a lo que se sumará un 3 por ciento adicional sobre los haberes de septiembre.
El Ejecutivo también se comprometió a subir desde junio un 20 por ciento los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales.
En simultáneo, transferirá 50.000 millones de pesos (34,3 millones de dólares) para la administración de los hospitales que dependen de las universidades públicas.
La actual administración también respondió al reclamo sobre las ayudas, y otorgará a partir del mes que viene un alza de 50 por ciento a las becas Manuel Belgrano, destinadas a carreras de pregrado y de grado relacionadas con las ciencias exactas que duren cinco años.
Las partes volverán a reunirse cada tres meses a partir del 15 de septiembre para contemplar las siguientes actualizaciones de acuerdo a la inflación acumulada.
Los incrementos aceptados por el Gobierno fueron considerados por el CIN una «conquista, consecuencia del compromiso y la lucha de la comunidad universitaria» tras numerosos paros, huelgas y movilizaciones para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
El CIN, que reclama en la justicia el cumplimiento de la normativa en una instancia que ahora debe ser resuelta por la Corte Suprema, advirtió que este acuerdo «de ningún modo resuelve el problema estructural» que atraviesan las universidades.
«Por eso, seguimos siendo consecuentes con nuestra posición: la respuesta estructural está en la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario y la demanda judicial se mantiene hasta que la aplicación de la ley en su totalidad sea efectiva», afirmó.
A la espera de que defina el máximo tribunal del país, el Gobierno se niega a aplicar la ley, aprobada por el Congreso, al considerar que su implementación implicaría un gasto de 1,9 billones de pesos (1.342 millones de dólares).
En 2024, el Congreso también sancionó una ley de Financiamiento Universitario que fue vetada por el jefe de Estado.
Desde la asunción de la actual gestión, en diciembre de 2023, las transferencias a las universidades públicas cayeron 45,6 por ciento, según los sindicatos universitarios.
La comunidad universitaria realizó hasta ahora cuatro marchas federales para exigir al Gobierno el cumplimiento de la Ley de Financiamiento.
Esta norma establece la reapertura de las negociaciones salariales para los trabajadores de las universidades, reconoce fondos para becas y para el funcionamiento de las casas superiores de estudios, y crea un fondo de 10.000 millones de pesos (siete millones de dólares).
La aplicación de la ley tiene un costo fiscal estimado del 0,23 por ciento del producto interno bruto (PIB), según la Oficina del Presupuesto del Congreso.
Según la Universidad de Buenos Aires, la mayor del país, la inversión para la educación superior en 2025 fue la más baja de los últimos 20 años. (Sputnik)
